Por una ley de movilidad sostenible
La movilidad de las personas y mercancías está en continuo crecimiento. Esto tiene que ver tanto con fenómenos como el crecimiento de las áreas metropolitanas, la dispersión residencial y la reubicación de empresas, como con el estallido del turismo de masas o la globalización de los mercados.
El transporte, que sigue basado en la preponderancia de la carretera y del automóvil, crece más que el conjunto de la economía y sus efectos negativos –sus externalidades– las conocemos cada día mejor: emisiones de gases que inducen el cambio climático, pérdidas económicas por la congestión del tráfico, daños en la salud de los habitantes de las ciudades (16.000 muertes anuales en España en las grandes ciudades por la contaminación) y elevada siniestralidad que afecta sobre todo a los viajes de carácter laboral, hacia el trabajo (in itinere) y en el trabajo (in mision)
Hacen falta directrices para una movilidad sostenible que ponga el acento no tanto en nuevas infraestructuras como en la gestión de la movilidad y en el cambio modal enfocado al fomento de los medios menos contaminantes y más eficaces y que faciliten la conexión y coordinación de esos modos. Directrices que deberían incidir en una política tarifaria y medidas fiscales que ayuden a ese cambio y que establezcan una relación adecuada entre el uso del suelo y la oferta de transporte.
Es necesario crear los instrumentos de planificación en los ámbitos de las áreas metropolitanas, municipales y de las empresas y centros de actividad, de manera que se fijen las medidas más adecuadas para fomentar el transporte público y colectivo y los medios de transporte de bajo impacto. Planificación que se ha de articular con la necesaria participación de los interesados para que prevalezcan los intereses de la mayoría.
De todo esto se lleva hablando varios años, pero se avanza muy poco. Existe alguna financiación pública para hacer estudios y propuestas de planes y se ponen en marcha algunas medidas interesantes en unos pocos municipios, pero siguen siendo actuaciones escasas para el deterioro del sistema de transporte.
De ahí que urja una ley de movilidad sostenible que establezca esos instrumentos. CCOO junto a ICVIU, Los Verdes y algunas organizaciones ecologistas hemos presentado recientemente en el Congreso de los Diputados una proposición de ley cuyo contenido esperamos que se tenga en consideración y que sirva para que se acelere el lento y tortuoso proceso de elaboración de esta norma en el seno del Gobierno.