La ecofiscalidad, un desafío

Una reforma fiscal con criterios ambientales es necesaria y posible, incluso diría que imprescindibles aunque por sí sola no baste para solucionar la crisis ecológica. Cualquier medida en el terreno de los tributos ambientales deberá acompañarse de un conjunto de medidas administrativas y legislativas que combinen subvenciones, prohibiciones, limitaciones y penalizaciones y una política de compras sostenibles, que modifiquen el marco institucional en la senda de una reforma ecológica de la economía

La fiscalidad debe atender simultáneamente a los criterios de equidad,justicia social distributiva y Sostenibilidad ambiental, por ello una reforma en clave ecológica debe combinar y hacer compatibles ese conjunto de objetivos

Para ello, hay que realizar un esfuerzo en la investigación y la puesta en marcha de tecnologías limpias, así como el impulso de un sistema productivo más eficiente y de un consumo responsable.

La tributación ambiental no tiene como finalidad fundamental incrementar los ingresos fiscales. Su objetivo es modificar el comportamiento de los agentes económicos encareciendo los bienes y servicios contaminantes y el uso de recursos naturales escasos. Ello comportaría la disminución de su utilización, y el estímulo de la demanda de bienes y servicios con mayor calidad ambiental y que sean menos intensivos en el uso de recursos energéticos y naturales. Lo que conllevaría, a su vez, el incremento de producción y oferta de alternativas limpias.

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Aún no existen ejemplos consolidados de una fiscalidad ecológica en ningún país, pese a que se reconoce su necesidad en muy diversos foros. Lo que hay son medidas parciales e incompletas de impuestos y tasas que gravan bienes y servicios que tienen relación con la calidad ambiental, pero que en su mayoría, cuando se implantaron, no tenían propósito ecológico alguno más que el estrictamente recaudatorio y los que se han venido implantando más recientemente por razones ambientales son escasos.

Criterios
La fiscalidad debe atender simultáneamente a los criterios de equidad, justicia social distributiva y sostenibilidad ambiental, por ello una reforma en clave ecológica debe combinar y hacer compatibles ese conjunto de objetivos. Los cialmente pueda comportar cualquier impuesto indirecto deberán contrarrestarse con el resto de medidas que se deberían configurar en una reforma fiscal socialmente equitativa y que persiga la sostenibilidad. Ello hace que el debate sea complejo y que sea imprescindible poner en marcha experiencias en diversas escalas geográfico-políticas antes de poder concluir la bondad de las fórmulas concretas.

Teniendo en cuenta los posibles efectos regresivos –todavía no cuantificados– de los impuestos indirectos deberemos observar los siguientes criterios:

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Es necesario conocer la elasticidad de la demanda de los bienes o servicios gravados respecto a los precios y la existencia y disponibilidad de bienes de sustitución y, por tanto, de opciones alternativas. Un ejemplo: junto a los impuestos que graven el uso del vehículo privado de gasolina o diésel, la existencia
de una buena oferta de transporte público que permita atender a las necesidades de movilidad.
Ante el riesgo de aparición de posibles situaciones fiscalmente injustas de los sectores con rentas salariales más bajas, es factible la reorientación social del gasto público compensatorio mediante el incremento de la infraestructura social y ecológica para provisión de bienes y servicios de las capas menos favorecidas. Por ejemplo: transporte público colectivo barato, no contaminante y de calidad; vivienda pública bioclimática asequible, etc. Una de las vías más equitativas en lo que se refiere al precio de recursos como el agua o la electricidad, cuyo acceso es un derecho social elemental, es organizar los precios por tramos de
consumo, de manera que haya un mínimo que permita el acceso de las rentas más bajas y vaya subiendo tramo a tramo, penalizando así los consumos excesivos.
Las nuevas figuras tributarias podrían sustituir parcialmente el monto de otros impuestos indirectos –como el IVA– sobre bienes de primera necesidad o los directos que cargan las rentas salariales más bajas.
En el caso español, no es necesario mantener como inmutable el principio de neutralidad fiscal ante cualquier variación en los impuestos por motivos ambientales, teniendo en cuenta que nuestro país cuenta con
una presión fiscal 5,5 puntos por debajo a la existente en la UE-15. Todavía hay recorrido para acolchar cualquier medida. En cualquier caso puede mantenerse el nivel de ingresos e incluso aumentarse sin cargar a las capas menos favorecidas con mayor carga fiscal indirecta.
Puede plantearse la modificación de los tipos de los impuestos indirectos como el IVA o sobre consumos especiales, bien reduciéndolos o eliminándolos en el caso de los bienes de primera necesidad, bien incrementándolos en los demás bienes, particularmente en los asociados a mayor derroche energético o de materiales.
También puede intervenirse sobre la tributación directa elevando el mínimo de renta personal exenta de
tributación en el IRPF, lo que compensaría a las capas con menor poder adquisitivo, o bien incrementando la
progresividad en los tramos altos de renta o eliminando ciertas exenciones en los impuestos directos a la par que creando otras nuevas con criterios sociales y ambientales.

Por último, hay que señalar una dificultad que tiene la propuesta de gravar más intensamente los recursos reduciendo paralelamente los llamados costes sociales asociados al trabajo. La propuesta es inteligente, pues se trata de reducir el uso de recursos y de favorecer el empleo. La dificultad viene de que en nuestro sistema de protección social, la recaudación llega a través de las contribuciones asociadas al trabajo, incluso con criterios de contributividad para asignar una parte del reparto –como es el caso de las pensiones o el desempleo– y no se financian con los impuestos como el resto de políticas públicas. En los países donde la financiación a la protección social se hace como el resto de políticas públicas no existen tales dificultades, pero en el nuestro cualquier cambio sería muy delicado y, en cualquier caso, nunca debería concluir en un debilitamiento de la protección social que garantiza el Estado de Bienestar, sino su reforzamiento.

La reforma fiscal para el cambio de la economía hacia la sostenibilidad es, en definitiva, uno de los desafíos más interesantes para un presente y un futuro socialmente justo y ambientalmente sostenible.

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