Los precios son relativos. Reducir o reciclar es caro o barato en función de cuán caro o barato sea verter o incinerar. En países donde las exigencias a estas instalaciones son mayores o donde existen altos impuestos ecológicos sobre las mismas, reciclar resulta la opción más barata. Aquí esto no sucede, las campañas predican las bondades de las 3 R (reducir, reciclar, reutilizar), las normas establecen objetivos de prevención o de reciclaje, pero la realidad económica va en una dirección diametralmente opuesta: lo que las campañas y las normas impulsan sigue siendo más caro. Este sinsentido debe corregirse con una política fiscal y económica coherente con el resto de políticas ambientales.

Los sistemas de depósito, devolución y retorno son una de las mejores formas de hacer efectivo el principio de responsabilidad del productor y garantizar altos niveles de recuperación. Debería aprovecharse la próxima revisión de la Ley de Envases para impulsar estos sistemas, como ya han hecho otros países de la Unión regidos por la misma directiva.

Tipos
Desde el ámbito estatal o autonómico se podrían crear impuestos ecológicos. Por ejemplo, sobre determinados productos altamente generadores de residuos, tales como los que existen sobre bolsas de plástico en Islandia e Irlanda, pilas y envases desechables en Suecia, utensilios de cocina de un solo uso en Dinamarca, maquinillas de afeitar o cámaras fotográficas de un solo uso en Bélgica, etc.

También sobre vertederos o incineradoras para que afloren sus verdaderos costes. De momento, sólo Cataluña ha establecido un impuesto sobre el vertido de residuos municipales y está previsto crear en breve uno sobre su incineración. La recaudación retorna a los municipios en función de sus niveles de reciclaje y esto les crea por partida doble incentivos para aumentar los niveles de recuperación. Andalucía, Madrid y Murcia gravan el vertido de residuos industriales y las dos segundas también el vertido de residuos de la construcción. En todos los casos, los tipos son aún bajos, pero se trata de interesantes primeros pasos.

En el ámbito local, los municipios pueden implantar tasas de basuras de pago por generación. Se trata de sistemas que crean contadores de residuos (básicamente, bolsas o cubos estandarizados) que permiten cobrar a cada hogar y comercio en función de la generación real de residuos, lo que crea incentivos ambientales puesto que generar menos residuos o reciclarlos implica pagar menos. Su aplicación no es sencilla, pero funciona ampliamente en otros países, sobre todo en Estados Unidos y Centro Europa. En las tasas de basuras también es posible prever bonificaciones, por ejemplo, para quienes hagan compostaje doméstico o un uso frecuente de los ecoparques.

Los instrumentos económicos tienen capacidad para generar cambios de conducta, tanto a la hora de producir y comprar bienes, como a la hora de gestionarlos como residuos. Su implementación es, por tanto, adecuada y coherente con otras políticas que abordan este problema.

Ignasi Puig Ventosa.
ENT Medio Ambiente y Gestión