Fiscalidad verde, una política subalterna
La entrada en vigor en 2007 de la "fiscalidad verde" fue una de las principales novedades en las enmiendas introducidas en los Presupuestos para 2007,fruto de una de las cinco transacciones alcanzadas entre el PSOE e IU-ICV.Portavoces parlamentarios de izquierda calificaron de "una victoria" haber conseguido la aprobación de una enmienda de IU-ICV que contemplaba la incorporación de elementos de fiscalidad verde a lo largo de 2007 "utilizando las figuras fiscales actuales o creando nuevas figuras"
Pero las declaraciones y actuaciones que han tenido lugar desde finales del 2006, de responsables de la Secretaría de Estado de Hacienda, dejan pocas esperanzas para una razonable y moderada aplicación de estos acuerdos porque sus intenciones quedan reducidas a adaptar los impuestos ya existentes "para ir introduciendo poco a poco el concepto de quien contamina paga". El mismo Secretario de Estado, Carlos Ocaña, rechazó que los nuevos impuestos verdes afectasen a la electricidad:"No tenemos nada de eso sobre la mesa", declaró, y añadió que se estudia penalizar el consumo de "fuentes de energía primaria". En la práctica tan sólo se han anunciado adaptaciones menores del impuesto de matriculaciones y el de hidrocarburos, con cambios en el impuesto de matriculación para que los todoterreno y los coches más potentes paguen más. Por si quedaban dudas, recientemente el subdirector general de Impuestos Especiales y Tributos, Alberto Cornejo, ha declarado:
"No sería la primera vez que el Gobierno incumple un mandato en el Congreso". Y más: "No hay ninguna decisión, sólo hacer estudios y esperar". Y ha añadido: "Cuando se cambian los impuestos hay un coste político" y "la fiscalidad ecológica se defiende desde la oposición, pero desde el Gobierno se hace muy difícil".
Sobrecostes
La importancia de esta voluntad declarada de no intervenir en los sobrecostes “fiscales” del precio de la energía eléctrica es un síntoma muy preocupante para un país como el nuestro, con el nivel de recursos energéticos autóctonos más reducido de la UE-15 y que, además, mantiene un sistema de tarifas eléctricas comparativamente, mucho más baja que en el conjunto de la UE (ver gráfico adjunto, que muestra precios de la electricidad mucho más bajos en España que en la UE-15).
El responsable fiscal del Gobierno ha manifetado que su preocupación prioritaria es no introducir distorsiones con nuestros socios comerciales, porque "perjudicaría la competitividad de nuestras empresas". Se apuntan de esta manera a consolidar los ineficientes ratios de “competitividad energética” de la sociedad española. Los asesores ejecutivos del actual Gobierno español ven el problema con ojos muy diferentes a los de sus equivalentes alemanes, que no sólo incorporan de forma continua e ininterrumpida regulaciones fiscales en los consumos de materiales y energía en varios impuestos, sino que gracias a ellos mantienen ventajas comparativas sobre la base de productos energéticamente eficientes, mejorando su competitividad y colonizando” antes que otras estructuras empresariales “nichos de negocio y productos” con sustanciales vntajas competitivas, sostenibles en el tiempo. La actitud, respaldada por la Moncloa y su presidente contrasta con el plan diseñado por Medio Ambiente que tiene una de las piezas esenciales de su estrategia frente al cambio climático en la introducción por primera vez con rango de ley del concepto de “fiscalidad verde”, penalizando los consumos y actuaciones más contaminantes.
Fiscalidad verde, una esperanza
Todas estas evidencias han llevado a que el pasado 18 de mayo el portavoz de IU, con motivo de la defensa de la enmienda a la totalidad de IU-ICV a la reforma fiscal, plantease que la actitud gubernamental, que todo lo pospone, y aparca, para un futuro distante e inconcreto, podría provocar "no un desencuentro con el Gobierno, sino un divorcio".
Además, la iniciativa política comunitaria comienza a ser más activa y decidida que la del ejecutivo español. Una muestra es la nueva directiva que impone nuevos peajes a los vehículos pesados que transportan mercancías, que sostiene que los vehículos más contaminantes deban pagar más dinero por el uso de las vías rápidas.
Adicionalmente, se plantea cual debe ser en cada caso el papel relativo del Gobierno central y de las comunidades autónomas en este proceso, ya que las regiones tienen capacidad legal para avanzar en diversas materias fiscales relacionadas con consumos energéticos, ambientales y residuos. Y sería razonable un marco mínimo de imposición estatal, que debería contar con un instrumento legal sólido y permanente como es la propuesta de una Ley de Fiscalidad Ecológica, a la que alude el departamento ministerial de Medio Ambiente, debería extenderse a múltiples actividades y procesos económicos.
En definitiva, la fiscalidad verde es aún una esperanza y no una realidad como hubo momentos en que pudo llegar a pensarse, cuando a finales del pasado año 2006, el partido en el Gobierno alcanzó un acuerdo para incorporar el apoyo de IU-LV a los presupuestos del presente año 2007. De los colectivos sociales preocupados por una rápida y pronta reforma fiscal verde dependerá que estas conductas tengan tan pocos costes políticos y tantos incentivos para sus aprovechados oportunistas en sede parlamentaria.
Eduardo Gutiérrez.
Gabinete Interfederal. Área Económica. Confederación Sindical de CCOO