Joaquín Nieto. Secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO

Obviamente, es casi imposible alcanzar esta cifra con los recursos hídricos convencionales actuales y aun más si introducimos las tendencias relacionadas con el cambio climático. También es muy complicado y difícilmente sostenible la generación de tales cantidades a partir de nuevos recursos no convencionales aportados por la desalación de agua marina, por mucho que esta tecnología permita aliviar la presión existente. Así pues, sólo es razonable apostar por un nuevo modelo de uso y consumo. Y ésta es, por lo menos formalmente, la apuesta del Programa AGUA, que combina desalación, ahorro y reutilización y que, aunque se ha establecido para el periodo 2004-2008, tiene vocación de posteriores desarrollos.

El marco objetivo de los próximos dos años está caracterizado por el previsible mantenimiento del periodo de sequía -no olvidemos que los datos hidrológicos y climáticos apuntan a duraciones de entre cinco y doce años-, por el desarrollo de la política del Ministerio de Medio Ambiente y, con especial énfasis, por la implementación de las reformas legislativas y el posible enconamiento de numerosos conflictos económicos, sociales y ambientales relacionados con la gestión de los recursos hídricos.

Programa AGUA

En esta situación, el proceso de modernización y transformación de la gestión de los recursos hídricos en España, materializado en el ámbito político en el Programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente, avanza más lentamente de lo necesario.

Hay razones imputables a la propia Administración, que ha sido incapaz -como consecuencia de la escasez de personal y por la falta de formación y la dificultad para agilizar la burocracia - de compaginar la respuesta a un nuevo episodio de sequía con el intenso programa de trabajo derivado de su política y de la implementación de la Directiva Marco del Agua.

Pero, además, y probablemente con más responsabilidad en el retraso, existe una oposición de la comunidad hídrica tradicional (regantes, compañías eléctricas, sectores de las propias confederaciones hidrográficas), y la oposición política del Partido Popular que, con total desprecio a la solución de los problemas de acceso en determinadas áreas, está obstaculizando la instalación de desaladoras tan importantes como la de Torrevieja.

Necesidad de un consenso

Las respuestas a la incipiente crisis, que requiere una planificación a medio y largo plazo, no pueden esperar y es por tanto imperativo alcanzar un nuevo consenso social y político tanto en las comunidades autónomas mas afectadas como a nivel estatal.

El borrador del texto refundido de la Ley de Aguas presentado por el Gobierno es una propuesta para materializar un nuevo marco de gobierno en el que las comunidades autónomas pueden ejercer las competencias que han integrado en sus nuevos estatutos de autonomía.

En este escenario, en el que se está estableciendo un nuevo reparto de poder territorial, se hace más necesaria que nunca la participación social para evitar que se convierta en una nueva fuente de desequilibrios en la gestión hídrica, de agresiones al medio ambiente y, por qué no decirlo, de corrupción. Y por ello, cobra especial importancia por su autoridad social, compromiso y responsabilidad la intervención de las organizaciones sindicales para alcanzar una adecuada gobernanza de la gestión del agua.

Precisamente, uno de los pilares de la gobernanza, concepto acuñado en la Unión Europea para definir una nueva forma de gobierno en la que la toma de decisiones implica a la sociedad y a sus organizaciones sociales, es la participación. Y es aquí donde está una de las grandes carencias de las medidas impulsadas hasta el momento por el Gobierno: la inadecuación de la participación en los diferentes organismos consultivos de las nuevas sensibilidades y organizaciones de una sociedad avanzada del siglo XXI que supere una estructura válida para un estado agrícola en proceso de desarrollo de mediados del siglo XX.

Hoy, los opositores a la reforma, la denominada comunidad hídrica tradicional, está sobrerrepresentada e instalada en los principales órganos de gestión y planificación de la administración del agua mientras que las organizaciones sindicales, ecológicas y de consumidores, las asociaciones empresariales y otras partes interesadas o no están representadas o sólo figuran testimonialmente. Es necesario impulsar con audacia un nuevo modelo de participación. De ello dependerá la profundidad de las reformas hacia la nueva cultura del agua.