Pello Landa. CCOO de Andalucía

A través de un decreto en el año 2003 se delimitaron las aglomeraciones urbanas para el tratamiento de las aguas residuales. En la actualidad, el 99,2% de la población andaluza se concentra en 730 centros urbanos.

Según la Junta de Andalucía, sólo el 80% de la población dispone de instalaciones construidas de depuración. Si el 20 % de la población no dispone de ningún sistema de depuración de sus aguas residuales, cabe preguntarse sobre la calidad de las instalaciones existentes. La misma Administración asegura que sólo funcionan bien el 58% de las depuradoras existentes, un 25 % tiene un funcionamiento irregular y el 14%, sencillamente, no funciona. Es decir, un tercio de la población no tiene asegurada agua de calidad. Además, en una comunidad con escasos recursos hídricos, la eficacia de las redes de distribución es inferior al 67%.

La cadena no se acaba ahí porque se siguen produciendo vertidos industriales altamente contaminantes a la red de saneamiento municipal. El porcentaje de depuradoras en buen estado se reduce aún más.

En Andalucía, por tanto, estamos muy lejos de cumplir con los objetivos propuestos en la Directiva de Saneamiento y Depuración del año 1991, y no digamos con el objetivo del buen estado ecológico de las aguas planteado en la Directiva Marco del Agua (DMA).

La Junta de Andalucía asegura que uno de los mayores inconvenientes para alcanzar los plazos y objetivos establecidos tanto en la Directiva de Depuración y Saneamiento como la DMA es la deficiencia del régimen económico y financiero del agua.

La Ley de Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano y Medidas de Fiscalidad del Agua en Andalucía resolverían este problema, según la Junta de Andalucía. Entre los objetivos del anteproyecto de esta ley plantea establecer un nuevo impuesto del agua, cuya recaudación iría a financiar el conjunto de obras necesarias para el cumplimiento de los objetivos de las diversas directivas.

Comisiones Obreras de Andalucía se pregunta si ésta es la mejor forma de responder a los problemas de gestión del agua. La disparidad de precios del agua y el sistema tarifario de Andalucía no se considera acorde con los tiempos, hasta un 40% de la población no paga contaminación y los precios oscilan desde un 1m3 hasta 0,25 m3. Ello hace que reclamemos una revisión en profundidad del mismo, revisión que contemple la contribución de adecuada de los diferentes usuarios (domésticos, industriales u agrícolas). Entendemos que es un momento adecuado para discutir algo más que los precios y aprovechar para realizar un debate sobre la gestión integrada de todas las aguas en las demarcaciones hidrográficas.