Ángel Muñoa Blas. ISTAS

El modelo de actuaciones que ha aplicado el Ministerio de Medio Ambiente en la legislatura ha basculado sobre tres patas: el desarrollo del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y de otros elementos relacionados con la gestión del dominio público hidráulico a partir del Programa AGUA (Actuaciones de Gestión y Utilización del Agua), la gestión de la sequía y la forma en que se están realizando las reformas legislativas.

El horizonte temporal y los ritmos con los que se debe completar el programa del Ministerio de Medio Ambiente están conformados por el siguiente calendario:

En el año 2008 se celebran elecciones generales y se prevé que esté acabada la reforma legislativa.

En el año 2008 deben estar sometidos a participación pública los borradores del plan de medidas de cada demarcación definidos en la Directiva Marco del Agua (DMA).

En 2009 deben presentarse los planes de cuenca para preparar el nuevo Plan Hidrológico Nacional.

Se trata de una tarea inmensa en la que las actuaciones cuentan con importantísimos recursos económicos, en particular para infraestructuras. Sin embargo, en lo que se refiere a la administración del agua a nivel estatal, no existe una política dirigida al incremento de los recursos humanos, tanto en número como en cualificación profesional. Sí hay un incremento bajo o moderado en las comunidades autónomas como consecuencia de la creación de organismos dedicados a la gestión del agua en su ámbito.

La reforma de los organismos de cuenca como piedra angular de la nueva concepción de gestión sostenible del agua es uno de los principales problemas políticos, sociales y ambientales pendientes de solución. El borrador de la Ley de Aguas elaborado por el Gobierno da nuevas responsabilidades a las comunidades autónomas y determina un nuevo marco para la participación de las organizaciones sociales. La política del Ministerio ha suscitado la oposición de los sectores tradicionales -es decir, de las organizaciones de regantes y del entorno político y social del Partido Popular- y ha recibido el apoyo crítico de los sectores más comprometidos con un cambio de paradigma en la política de gestión del agua -ecologistas, científicos y técnicos-. Estos sectores, sin embargo, han criticado con dureza la política de gestión del agua realizadapor otros ministerios, como Industria y Agricultura.

El Programa AGUA

El Programa Agua (Actuaciones de Gestión y Utilización del Agua 2004- 2008), ha reorientado la política del agua. Una reorientación que se incardina en una nueva cultura del agua a través de la sustitución del trasvase Ebro-Almanzora por el trinomio desalación- ahorro-reutilización, la reforma de los organismos de cuenca, la introducción de bancos públicos de recursos hídricos, una nueva política tarifaria y un nuevo programa de depuración y saneamiento.

Competencias autonómicas

La reforma de las confederaciones hidrográficas tiene como objetivo dar mayor participación a las comunidades autónomas y a la sociedad, así como incrementar el control del dominio público hidráulico. La forma en que ejerzan sus competencias las comunidades autónomas tendrá gran importancia en la gestión futura del agua y, puede ser que aumenten los conflictos sobre competencias entre las comunidades autónomas de la misma cuenca, sobre todo si, como es previsible, el periodo de sequía se prolonga.

La participación social en los organismos de cuenca esta extremadamente desequilibrada a favor de los "usuarios" y aunque parece que es intención de la reforma reequilibrarla con una mayor presencia de otras organizaciones y partes interesadas, al día de hoy, no se vislumbra una alternativa justa. No olvidemos que, desde el año 2002, existe la posibilidad de que los sindicatos estén integrados en los consejos del agua de las cuencas y en el Consejo Nacional del Agua, pero el Gobierno aún no ha tomado esta decisión.

Los bancos públicos de agua son, sin duda, una buena herramienta para reasignar el uso de recursos hídricos y alcanzar una adecuada tasa de eficiencia. Hasta el momento y a pesar de las declaraciones de algunos responsables del Ministerio de Medio Ambiente se ha operado con los perversos mecanismos mercantiles aprobados por el Gobierno de Aznar: los centros de intercambio concesional que, son, en esencia, mercados libres de agua (p.ej. los acuerdos entre los regantes de Estremera y los de Murcia o la adquisición de derechos por los arroceros del Guadalquivir). La formulación de los bancos de agua de la propuesta de reforma apunta en la buena dirección, pero no existen suficientes experiencias para determinar el resultado real que puedan tener.

El régimen tarifario se ha actualizado con el objetivo de incrementar los cánones actuales avanzando en los mecanismos de recuperación de costes. La aparente intención ambiental de esta reforma esconde en realidad un afán recaudatorio importante con el que abordar, sobre todo, la financiación de las infraestructuras de regulación, modernización y saneamiento y depuración pendientes. Por ello, la presión recae fundamentalmente sobre los usuarios del abastecimiento urbano y la industria y minimizan el impacto sobre los sectores agrícolas.

El programa de construcción de desaladoras se está desarrollando con más lentitud del deseado y, por tanto, es difícil de precisar si realmente es capaz de satisfacer los plazos previstos para su implantación. La causa última de esta ralentización está situada en la formalización de los acuerdos financieros con los usuarios e interesados.

La reutilización del agua exige previamente su depuración y tratamiento y el desarrollo del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 1995-2005 ha sido muy insuficiente. En este momento se esta planteando un nuevo diseño y la financiación del mismo representa el principal escollo. En algunas comunidades autónomas y por razones ambientales ya se están justificando subidas impositivas, como es el caso de Andalucía.

La gestión de la sequía

Los periodos cíclicos de sequía que afectan a la Península Ibérica suelen tener una duración media de cinco o seis años, aunque existe constancia histórica de etapas de casi doce años. Es decir, con todas las precauciones posibles, es previsible que estemos ante un periodo excepcional que obligará a actuar con criterios de gestión a muy corto plazo. Todas las confederaciones hidrográficas han elaborado planes de sequía (planes especiales de actuación en situación de alerta o eventual sequía) y ya están realizando actuaciones urgentes. No obstante, se han realizado con mucho retraso pues, según la legislación vigente (artículo 27 de la Ley 10/2001), ya deberían estar acabados. Además, deben someterse a los procedimientos determinados en la evaluación ambiental de planes y programas (Ley 9/2006).

El desarrollo de los mismos es relativamente satisfactorio pues quedan abiertas incógnitas importantes. Por ejemplo, existen bastantes denuncias de organizaciones ecologistas en el sentido de que se emplean fondos para modernizar regadíos que suponen, en realidad, el incremento de la superficie dedicada a ellos y, por ello, un incremento de las demandas de agua.

Existe bastante bibliografía académica que confirma el hecho de que la modernización del regadío no libera recursos hídricos para otros usos sino que se dedica a incrementar el mismo.

Los sindicatos tenemos un acuerdo para participar en las comisiones permanentes de seguimiento de los planes de sequía, con la presencia alterna de CCOO y UGT. Hasta el momento, tales comisiones están resultando poco operativas.

La reforma legislativa

La incorporación de la nueva cultura del agua y de los requisitos de la Directiva Marco del Agua en el marco legislativo implica un desarrollo de la Ley de Aguas, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y de numerosas instrucciones técnicas. La reforma de la Ley de Aguas introduce nuevas disposiciones en relación con la sequía y la participación, con la gestión del Dominio Público Hidráulico (reutilización, recuperación de concesiones, inundaciones, aguas subterráneas,..), con la administración hidráulica y la reforma de las confederaciones hidrográficas, con la seguridad de presas y con un nuevo catalogo de infracciones y sanciones. El producto final tras su paso por las Cortes será un nuevo texto refundido de La Ley de Aguas.