Bases éticas de la Nueva Cultura del Agua Pedro Arrojo.

Fundación Nueva Cultura del Agua y profesor de Análisis Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Zaragoza

El enfoque mercantil que imponen las políticas neoliberales del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Comercio (OCM), privatizando la gestión de servicios básicos de agua, de los que depende la salud y la vida de las comunidades, viene evidenciándose como un error. El agua es ciertamente un elemento bien definido: H2O. Sin embargo, sus funciones son diversas y, lo que es más importante, están relacionadas con rangos éticos y categorías de valor diferentes, algunos de los cuales no son gestionables mediante simples relaciones económicas de cambio, al no ser sustituibles, de forma consistente, por bienes de capital. Por ello, es fundamental distinguir las diversas categorías de valor y de derecho que se relacionan con ellas, en orden a establecer prioridades y criterios de gestión adecuados:

• El agua-vida, en funciones básicas de supervivencia, tanto de los seres humanos, como de los demás seres vivos en la naturaleza, debe ser reconocida y priorizada de forma que se garantice la sostenibilidad de los ecosistemas y el acceso de todos a cuotas básicas de aguas de calidad, como un derecho humano.
• El agua-ciudadanía, en actividades de interés general, funciones de salud y cohesión social (como los servicios urbanos de agua y saneamiento), debe situarse en un segundo nivel de prioridad, en conexión con los derechos de ciudadanía y con el interés general de la sociedad.
• El agua-crecimiento, en funciones económicas, ligadas a actividades productivas, debe reconocerse en un tercer nivel de prioridad, en conexión con el derecho individual de cada cual a mejorar su nivel de vida (ser más ricos). Ésta es, de hecho, la función en la que se usa la mayor parte del agua extraída de ríos y acuíferos, siendo clave en la generación de los problemas más relevantes de escasez y contaminación en el mundo.
• El agua-delito. Cada vez son más los usos productivos del agua sobre bases ilegítimas, cuando no ilegales (vertidos contaminantes, extracciones abusivas ...). Tales usos deben ser vitados y perseguidos mediante la aplicación rigurosa de la ley.

Límites al consumo

En el ámbito del agua-vida, tratándose de derechos humanos, la prioridad máxima de gobiernos e instituciones internacionales debe ser garantizarlos con eficacia. El argumento de la falta de recursos financieros resulta injustificable, incluso para los gobiernos de países empobrecidos; y con mayor razón para los gobiernos de los países más ricos e instituciones internacionales como el Banco Mundial (BM). Al fin y al cabo, la "revolución de la fuente pública, potable y gratuita, en la plaza, cerca de casa..." fue desarrollada en muchos países (como el nuestro), cuando eran realmente pobres y ni siquiera existía el BM. El reto no fue financiero, sino político. Se asumió la responsabilidad pública del agua potable y gratuita en la fuente, como máxima prioridad de la comunidad y del Estado, antes que la primera farola y que el asfalto de la calle o de la carretera...

Cuando se trata de usos relacionados con actividades de interés general, como los servicios domiciliarios de agua y saneamiento, más allá del acceso a esas cuotas básicas que deben considerarse como un derecho humano (la fuente pública), el objetivo central debe ser garantizarlos a todos, ricos y pobres, bajo criterios de máxima eficiencia socio-económica. Los principios de equidad y cohesión social, vinculados a derechos de ciudadanía, deben ser promovidos desde la función pública. Sin embargo, en este caso, junto a los derechos de ciudadanía, deben explicitarse los correspondientes deberes de ciudadanía. La aplicación de adecuados modelos tarifarios debe incentivar esa eficiencia socioeconómica, promover actitudes individuales y colectivas responsables, así como garantizar la recuperación de costes desde criterios sociales redistributivos. Un sistema tarifario por bloques crecientes puede compatibilizar tarifas muy bajas para quienes usan menos de 120 litros por persona y día, con elevadas tarifas en los bloques de alto consumo. De esta forma, quienes más usan y más tienen pagarán los derechos humanos y ciudadanos de quienes tienen más dificultades.

Racionalidad

Sin embargo, la mayor parte de los caudales extraídos de ríos y acuíferos no cubren funciones básicas de sostén de la vida, ni sustentan servicios de interés general, sino que se dedican a actividades productivas. Tales actividades, siendo en su mayoría legítimas, no deben caracterizarse como de interés general y menos vincularse a derechos humanos o ciudadanos. Para este tipo de usos, en la medida que los objetivos son estrictamente económicos, se deben aplicar criterios de racionalidad económica basados en el principio de recuperación de costes. Se trata, en definitiva, de que cada usuario responda económicamente del agua que usa, como recurso escaso, sin que en este caso existan razones para introducir subvenciones directas ni cruzadas. La escasez del agua-crecimiento en el ámbito de la economía no puede seguirse entendiendo como una tragedia a evitar, cueste lo que cueste (al erario público) y se destruya lo que se destruya (en patrimonios de naturaleza y afecciones sociales), sino como una realidad inexorable a gestionar desde criterios de racionalidad económica. No en vano, todos los bienes económicos, por definición, son útiles y escasos. "Agua para todos" sí, sin duda: agua-vida, derecho humano, y agua-ciudadanía; pero el agua-negocio no puede ser la prioridad ni quedar financiada por el dinero público; y menos presentarse vinculada a derechos humanos o ciudadanos. Hoy, en el litoral mediterráneo el consumo global medio es de más de 3.000 litros por persona y día (incluyendo invernaderos, chalés con jardín, piscinas y campos de golf). Treinta litros por persona y día es derecho humano. Hasta ciento cincuenta litros puede ser derecho ciudadano. Cuando estamos por encima de tres toneladas por persona y día estamos, sin duda, de lleno, en el agua-negocio.