La movilidad sostenible, un derecho de los trabajadores
Las condiciones del acceso de los trabajadores a sus centros de trabajo han empeorado sustancialmente en los últimos años. Esta situación tiene que ver, entre otras razones, con las políticas urbanísticas y de transporte que se han implantado.
Los sindicatos no podemos permanecer ajenos a una situación que incide de manera muy clara en las condiciones de vida de los trabajadores. La acción que hay que emprender tiene una vertiente territorial, encaminada a incidir en las políticas urbanas y de transporte que mejoren las condiciones en que se desarrolla la movilidad al trabajo, pero tiene también una vertiente en la empresa. Todas estas cuestiones se abordan en este número monográfico de Daphnia, dedicado a la movilidad sostenible al trabajo.
En el ámbito institucional son exigibles medidas que reorienten la situación. Hemos planteado desde hace tiempo la conveniencia de que se apruebe una ley de movilidad, esto es, un marco legal que instituya los planes de movilidad urbana y los planes de transporte en empresas y que cree los órganos de gestión de la demanda y de participación social que hagan posible cambios generalizados en el panorama de la movilidad.
El Ministerio de Medio Ambiente ha planteado la posibilidad de introducir en el borrador de la Ley de Calidad del Aire la obligatoriedad de que las empresas elaboren planes de movilidad en sus centros de trabajo de más de 200 trabajadores que se encuentren situados en zonas urbanas de atmósfera contaminada. Nos parece una iniciativa excelente para potenciar estos instrumentos que hasta ahora han tenido una implantación muy lenta, a pesar de estar previstos en la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética (E4) y en el Plan Nacional de Asignación.
También es esperanzador la constitución de un grupo de trabajo coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente y por el de Trabajo y Asuntos Sociales, con los sindicatos y la patronal, para explorar el desarrollo de la medida mencionada anteriormente, así como posibles acuerdos para fijar criterios sobre movilidad en polígonos industriales, la introducción de incentivos fiscales para las empresas que desarrollen esos planes o el desarrollo de líneas de formación para gestores de movilidad en las empresas y entre los delegados sindicales.