Es el último instrumento de evaluación ambiental que se incorpora a nuestra legislación después de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos concretos o de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para industrias derivada de la llamada IPPC (siglas en inglés de prevención y control integrado de la contaminación).

La Evaluación Ambiental de Planes y Programas afecta tanto a planes estatales como a autonómicos y locales en materias como agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, residuos, agua, ocupación de dominio público marítimo, turismo, ordenación del territorio, urbanismo o los regulados por la Red Natura 2000. No será de aplicación a los de tipo financiero o presupuestario.

Procedimiento

Esta evaluación ambiental, que se desarrolla durante el proceso de elaboración de los planes y, por supuesto, antes de su aprobación definitiva, contiene varias fases. Comienza con el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), que realiza el órgano promotor bdel plan, pero previa determinación por parte del órgano ambiental de su amplitud. El criterio se expresa a través de un Documento de Referencia que debe ser público tras haber consultado a las administraciones públicas afectadas y a otro tipo de personas o entidades vinculadas al medio ambiente.

El ISA debe identificar y evaluar los efectos medioambientales del plan y establecer alternativas, incluida la alternativa 0.

A continuación, el ISA y la versión preliminar (borrador) del plan se someten a consultas para que en cuarenta y cinco días puedan hacer observaciones el público interesado, las administraciones públicas afectadas y las asociaciones que tengan como uno de sus fines la protección del medio ambiente (por ejemplo los sindicatos). No es propiamente un periodo de información pública generalizado y de libre acceso, como la EIA, sino algo más restringido a las mencionadas personas y entidades.

Posteriormente, se elabora una memoriaambiental que evalúa la integración del medio ambiente en la propuesta de plan. Esta memoria contiene y analiza el propio proceso, el ISA, el resultado de las consultas, la previsión de los impactos y las determinaciones finales a incorporar. El órgano promotor y el Ministerio de Medio Ambiente y en las Comunidades Autónomas son los encargados de redactar la memoria en el ámbito estatal, pero siempre con acuerdo del órgano ambiental. La memoria es preceptiva pero no vinculante, aunque la legislación de algunas comunidades autónomas lo establece con este carácter.

Después se aprueba el plan y se da publicidad a la documentación: el plan, una declaración-resumen con explicaciones, las medidas de seguimiento y el resumen no técnico.

La evaluación ambiental de planes y programas se puede desarrollar legislativamente por las comunidades autónomas. De hecho, algunas de ellas ya habían incorporado este instrumento de evaluación de la planificación sectorial, en algunos casos incluso con mejores pautas de protección ambiental al establecer como vinculante para el órgano promotor la evaluación que realiza el órgano medioambiental. En la norma estatal, sin embargo, ambos órganos tienen que “negociar”. Con ocasión de la Evaluación Ambiental del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) que ha promovido el Ministerio de Fomento ya se ha visto cual ha sido el alcance de esa negociación.

Esta evaluación de los planes no excluirá la EIA de los distintos proyectos concretos que sean consecuencia de dichos planes, aunque la nueva ley dice que sí se tendrá en cuenta para la evaluación de esos proyectos.

Carlos Martínez Camarero
Responsable Adjunto Dto. Confederal de Medio Ambiente de CC.OO.
cmcamarero@ccoo.es