La amenaza económica, social y medioambiental que supone el actual modelo de desarrollo urbanístico hace necesaria la intervención de los sindicatos en aras de una reorientación de la política urbanística que conduzca a usos más racionales del territorio. No sólo está en juego el entorno, también la economía, el empleo y el acceso a la vivienda
Existen ya ciertos instrumentos legales para planificar y ordenar de manera racional y sostenible el territorio y sus usos que es necesario aprovechar y sobre los que es necesario intervenir desde la acción sindical responsable.
La ordenación del territorio debe articularse alrededor de las necesidades del conjunto de la sociedad y no por los intereses de constructoras, promotores y propietarios de suelo. Es preciso elaborar, con procesos de participación pública, planes de estrategias territoriales en diferentes niveles, con criterios de sostenibilidad, que determinen posteriormente la planificación urbanística, de transporte, industrial y de otras infraestructuras y sectores.
Los planes urbanísticos deben tener crecimientos moderados que atiendan a las necesidades de aumento de la población y consideren la disponibilidad de recursos hídricos. Hay que orientarlos hacia un modelo de ciudad compacta y multifuncional, con diseños previos de infraestructuras específicas para el transporte público urbano y que eviten la expansión de zonas urbanizadas distantes de los núcleos urbanos consolidados.
Moratoria urbanística
La Ley de Evaluación Ambiental de Planes y Programas, recientemente aprobada, puede contribuir a introducir cierta racionalidad medioambiental en este tipo de planes y, en cualquier caso, es para nosotros un acicate para la intervención ya que incluye la participación pública.
Es preciso plantearse moratorias urbanísticas en zonas saturadas de la costa y allí donde los crecimientos urbanísticos amenazen el desarrollo del propio turismo, también donde no haya disponibilidad de recursos hídricos. Moratorias ante los proyectos de nuevos campos de golf y de otras infraestructuras deportivas de gran impacto ambiental (puertos deportivos o estaciones de esquí), serían más que deseables. Asimismo, hay que intentar frenar el aumento cuantitativo de las segundas residencias y potenciar la rehabilitación tanto en los cascos urbanos como en las zonas rurales.
Existen innumerables figuras de espacios naturales protegidos (parques nacionales, parques naturales, reservas, zonas LIC y ZEPAS derivadas de la red europea Natura 2000...) que deben mantenerse y, en algunos casos, ampliarse, ya que albergan ecosistemas valiosos que deben ser conservados y protegidos. Sólo en los espacios que revisten figura de parque trabajan alrededor de 3.000 personas. Comisiones Obreras debe intervenir activamente en la gestión y desarrollo sostenible de sus entornos potenciando la creación de empleo ligado a las políticas de conservación.
Joaquín Nieto Sainz. Secretario confederal de Medio Ambiente y salud Laboral de CCOO