La Ley de Montes reconoce que los agentes forestales son policía judicial
Los agentes forestales tendrán a partir de ahora el carácter de policía judicial. La reforma de la Ley de Montes, aprobada recientemente, ha reconocido esta atribución, que ya recogía la Ley de Enjuiciamiento Criminal pero que se había vaciado de contenido. Se trata de una vieja reivindicación de los agentes forestales y, en particular, de la Coordinadora de Agentes Forestales de CCOO que, desde su creación, ha trabajado con ahínco para que así sea.
Para hacer frente a las viejas y nuevas amenazas –abusos urbanísticos, incendios forestales, vertidos, el uso de venenos que afectan a las especies protegidas– a las que está sometido nuestro patrimonio natural, hacían falta también nuevas herramientas. Se evitarán así situaciones incomprensibles, como que cuando un agente forestal denuncie una construcción ilegal no cuente con el apoyo de la consejería de la que dependen. O que si un agente denuncia ante el juzgado el expolio de un nido de águila real, especie amenazada, la consejería de turno les remita una carta pidiéndole explicaciones cuando lo único que han hecho ha sido cumplir con su deber.
Un dato. El 90% de las denuncias por construcciones ilegales en la Comunidad de Madrid son presentadas por los agentes forestales, según la información aportada por el fiscal de medio ambiente, Emilio Valerio. En la memoria anual de la Fiscalía de Medio Ambiente de Cataluña, el responsable de esta fiscalía, José Joaquín Pérez de Gregorio, hace una mención especial a la profesionalidad y el celo investigador del Cuerpo de Agentes Rurales, con más de 148 atestados presentados el año pasado.
Es de esperar que los órganos ambientales de las comunidades autónomas, de los que dependen estos funcionarios, lleven a cabo acciones que profundicen en la colaboración real y efectiva con los fiscales de medio ambiente, colaboración que hoy por hoy es prácticamente nula y, por lo tanto, manifiestamente mejorable. Esto sería lo deseable pero también lo exigible. Buena colaboración implica más protección de nuestro patrimonio ambiental y de nuestra diversidad biológica.
El primer paso está dado y ahora hay que transitar por un camino en el que los agentes forestales encontrarán obstáculos, algunos difíciles de sortear, pero ninguno insalvable. Uno de ellos será el de acometer acciones formativas en lo referente a procedimientos penales que garanticen seguridad a los trabajadores y trabajadoras del colectivo para un buen desempeño de esta función. Otro será el de diseñar estrategias de actuación dentro de los distintos cuerpos de agentes forestales, adaptadas a los nuevos retos medioambientales a los que debe enfrentarse nuestra sociedad. Para ello, habrá que dotarles de los medios materiales y humanos necesarios que hagan más efectiva la protección de nuestro medio ambiente.