Incendios, más compromiso público
Este verano, la percepción de la dimensión de la tragedia asociada a los incendios forestales ha sacudido a la sociedad española por la muerte de 11 compañeros que trabajaban en la extinción de un incendio en Guadalajara. No han sido los únicos. Al cierre de esta edición, 17 trabajadores han muerto este año en labores de extinción, y otro más ha fallecido en las tareas de recuperación de la zona afectada por el incendio de Guadalajara.
Las cifras hablan por sí mismas y no dejan lugar para triunfalismos, autocomplacencias o justificaciones. Pese a que las inversiones en materia de incendios forestales han alcanzado casi los 700 millones de euros, y a que las administraciones autonómicas y central han incrementado significativamente los presupuestos para la lucha contra los incendios forestales, las llamas han devorado este año más hectáreas.
La gestión forestal y los trabajos asociados al cuidado del monte se han abandonado en muchísimos espacios, los bosques mixtos de antaño dieron paso a monocultivos de especies pirófitas. Esta es una de las causas que favorecen el fuego. Pero, además, hay que tener en cuenta que el 90% de los incendios son provocados por la acción humana, la mayoría intencionados... En estas condiciones, si siguen aumentando únicamente los presupuestos destinados a la extinción, sin incrementar el gasto en tareas preventivas y sin perseguir con todas las medidas disponibles a quienes intencionadamente queman los montes, los bosques seguirán ardiendo.
Diez años con Ley de Prevención de Riesgos Laborales y aún no se han cumplido con las obligaciones que emanan de ella y en demasiadas comunidades autónomas prevalece la ausencia de evaluaciones de riesgos y de planes preventivos para los trabajadores y trabajadoras que se juegan la vida en los incendios forestales.
Además, la inestabilidad y precariedad laboral, la escasez de medios humanos y materiales, la escasa formación –dando por bueno que un trabajador con 8 o a lo sumo 20 horas de curso básico de extinción está preparado para enfrentarse a las llamas–, así como la falta de protocolos de investigación y persecución de los delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, conforman una situación profundamente preocupante. La plena consideración de policía judicial de los agentes forestales contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal podría ser una contribución importante en dicha persecución.
Ahora que termina la campaña de incendios, en la que han trabajado en nuestro país más de 23.000 personas además de contar con bomberos y voluntarios, se deberá trabajar desde los despachos y los escaños. Habrá que generar medidas para que la población rural tenga futuro en sus pueblos, con creación de empleo estable y seguro, y para que sus habitantes se conviertan en los mejores defensores de los montes. Habrá que involucrar a la sociedad en su conjunto en la defensa de la biodiversidad. Si nuestros poderes públicos asumen de verdad sus responsabilidades, habremos avanzado mucho. Si no, será el fuego el que seguirá avanzando.