Abogada ambientalista, desde septiembre pasado es la nueva directora general de la Fundación Biodiversidad, entidad creada por el Ministerio de Medio Ambiente en 1998 con el objeto de preservar la riqueza biológica que existe en España. La entrevista coincide con la noticia de que en Doñana se ha logrado por primera vez que el lince ibérico se reproduzca en cautividad y Artola califica este hecho como de hito y como una nueva línea de trabajo en la conservación de las especies.

¿Qué orientación va a tener la nueva etapa de la Fundación Biodiversidad?

• Queremos aportar profesionalidad y trasparencia a nuestro trabajo. Hemos elaborado un plan de actuación con varias líneas estratégicas: la protección del territorio, dentro y fuera de los espacios naturales, incluido el medio ambiente urbano; la protección de especies, del medio marino, de los humedales y delos bosques; la lucha contra la desertificación; la cooperación internacional; y el control de la biotecnología. Estamos inmersos en un proceso de crecimiento y aspiramos ser un punto de referencia a nivel nacional e internacional en la protección de la biodiversidad.

¿Cúales son las principales amenazas para la biodiversidad en España?

• Fundamentalmente, dos, la que tiene que ver con el cambio climático y la incorrecta gestión de los recursos y la presión que se ejerce sobre alguno de ellos, como el agua.

¿Cuál es su posición respecto a los organismo modificados genéticamente?

• Está demostrado que los transgénicos tienen una incidencia sobre el medioambiente. Tenemos una normativa, pero es necesario que haya un control sobre su utilización y comercialización.

¿Está de acuerdo con que la Unión Europea levantara la moratoria sobre transgénicos?

• Creo que el principio de precaución debe primar siempre. En tanto en cuanto no se conozcan los verdaderos impactos, hay que ir con mucho cuidado.

¿Qué puede hacer la sociedad civil y, en concreto, los sindicatos, por el Medio Ambiente?

• Los sindicatos tienen un papel fundamental. Llegan a las empresas, a los trabajadores, a quienes conciencian y forman, pero es que los trabajadores también son ciudadanos con lo que la actividad de los sindicatos también se ve fuera de las empresas.

¿Cuál debe ser el modelo para proteger los espacios naturales y evitar accidentes como el de Aznalcóllar?

• El caso que me pones es muy especial porque estamos hablando de una actividad industrial en la zona de influencia del Parque de Doñana. Dentro de los espacios protegidos debe haber una regulación muy estricta de las actividades que se pueden hacer. Por otro lado, hay que tener en cuenta a la población que vive en las zonas periféricas. Hay que involucrarlos, hacerles ver que vivir cerca de estos espacios tiene una alta rentabilidad.
  
  
  Lo que nos ha demostrado Aznalcóllar, es que nos hacía falta contar con una normativa clara de responsabilidad por daños medioambientales. De haber existido cuando se produjo el accidente, habría evitado que la empresa se marchase sin consecuencias, haber pagado por su descuido. El Ministerio está trabajando sobre un borrador de ley sobre este tema y probablemente en junio se presentará a las comunidades autónomas. Es un paso fundamental para que determinadas actividades que suponen un riesgo para el medio ambiente se controlen y, sise produce un daño, los responsables tengan que pagar, bajo el principio deque quien contamina paga.

La sentencia del Tribunal Constitucional que otorga la gestión de los Parques Nacionales a las comunicades autónomas ha recibido críticas desde el movimiento ecologista, que alertan sobre el peligro de que se devalúe la protección en estos espacios. ¿Cree que será así?

• La sentencia del Tribunal Constitucional supone un cambio respecto a lo que teníamos. Todavía está pendiente una nueva sentencia del Tribunal Constitucional sobre el papel que debe tener el plan director de los parques. Este plan será un elemento importante de coordinación a la hora de proteger estos espacios naturales. Creo que el Estado debe tener ese papel coordinador.

Por Javier Morales

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