Tanto en vertidos de industrias, como en incendios de bosques, en construcciones ilegales en zonas protegidas, en la caza ilegal de especies amenazadas o en la destrucción grave de recursos naturales, a pesar de la ampliación de los delitos ecológicos en el Código Penal en 1995 y de la mejora de los medios de la Administración de Justicia, no se consigue averiguar la autoría, detener y, mucho menos, condenar a la mayor parte de los que cometen delitos contra el medio ambiente. Suelen ser un tipo de delitos en los que no es fácil identificar a los autores (pensemos en vertidos a ríos muy contaminados o en incendios forestales provocados). A veces, tampoco es fácil conseguir las pruebas de los efectos sobre el medio ambiente o la salud humana y, además, en casi todoslos casos hay que aplicar una extensa y dispersa normativa de protección administrativa. Mientras que en la mayor parte de los delitos existe una parte perjudicada que insta la acción de la Justicia, en los medioambientales sólo las asociaciones ecologistas y otras organizaciones sociales realizan denuncias o se personan en procedimientos penales abiertos.

Figura esencial

Por estas razones, en la persecución de estos delitos el papel de los fiscales de medio ambiente es esencial. Los fiscales de medio ambiente suelen tener la formación y la especialización suficiente para investigar estos temas con garantías de éxito. Su actuación, especialmente en los casos de prevaricación urbanística y del uso del agua, es difícil, pero muchos de ellos han actuado con una valentía encomiable.

La situación de estos fiscales ha mejorado en los últimos tiempos. Se han creado Secciones de Medio Ambiente en, al menos, 35 Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. Son más de 54 fiscales dedicados, aunque sea parcialmente, a medio ambiente y urbanismo, incluido uno en el Tribunal Supremo. En algunas comunidades autónomas existen convenios de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y estas secciones para formación y asistencia técnica de los fiscales. En el País Valenciano tienen adscrito un ecotoxicólogo forense que resulta esencial a la hora de recoger pruebas periciales.

Red de fiscales

Los fiscales de medio ambiente se vienen organizando en una red a través de la que intercambian experiencias y expresan sus reivindicaciones. A la última reunión de esta red, celebrada en Valsain (Segovia) en septiembre de este año, acudieron como invitados agentes forestales de CCOO que pudieron comprobar que una de esas reivindicaciones era, precisamente, el reconocimiento expreso de la condición de policía judicial de este colectivo. Los agentes forestales tienen la capacitación y experiencia suficientes como para servir de apoyo a las investigaciones de los fiscales y jueces en muchos de los delitos ambientales que se cometen en el medio natural (incendios forestales, tráfico o muerte de especies protegidas, etc). Sin embargo, las Consejerías de Medio Ambiente de las que dependen ponen obstáculos al desempeño de esas funciones.

Más información:

Carlos Martínez Camarero
Responsable Adjunto del Dto. de Medio Ambiente de CCOO
cmcamarero@ccoo.es