Precisamente, una de las acciones posibles –que incide sobre los dos problemas mencionados– tiene que ver con la puesta en práctica de una urgente reforma fiscal ecológica en nuestro país. Pero si las prioridades socioecológicas están, de hecho, en último lugar, cabría preguntarse cómo es posible hablar de un contexto propicio para el desarrollo de esta medida. Veamos.

Después de más de dos décadas de intenso debate académico y “político”, la cuestión está lo suficientemente madura como para sacar algunas conclusiones importantes. En primer lugar, la reforma fiscal ecológica ha demostrado su viabilidad y beneficios tanto por la repercusión positiva sobre la conservación de los ecosistemas y la reducción de la contaminación, como por la generación adicional de ingresos públicos con los que mejorar los servicios sociales y reducir las desigualdades (lo que se ha denominado doble dividendo). Por otro lado, disponemos ya en España de un buen puñado de investigaciones y simulaciones sobre los efectos de una posible reforma fiscal ecológica sensata y, en tercer lugar, es un buen momento para presionar a la Administración de forma que no decaigan los tímidos esfuerzos hacia un cambio de modelo en la gestión de dos recursos naturales básicos como el agua y la energía.

Pero una reforma fiscal ecológica es un conjunto de medidas que van más allá de una simple subida de tributos (sean impuestos o tasas), y trata de incidir sobre los criterios impositivos introduciendo una orientación general hacia el objetivo de la sostenibilidad. Orientación que debe afectar al sistema fiscal de varias formas: a) modelando ecológicamente impuestos ya existentes como el IVA, Sociedades, Hidrocarburos, electricidad, o el IBI (este último parece fundamental dada la relación tan estrecha entre urbanismo desbocado y deterioro ecológico); b) creando nuevos tributos específicos que incidan sobre los consumos de recursos (energía, agua) y la actividad de ciertos sectores (agricultura y transporte); c) redistribuyendo los ingresos captados con transferencias a los sectores de población con menor renta y d) financiando de verdad los incentivos para sectores económicos que encaminen su actividad por derroteros de producción y consumo más renovables y limpios.

Sin embargo, en contra de lo que sugieren muchos autores, no creo que haya que garantizar a priori la neutralidad fiscal de la reforma (es decir, que los impuestos que se establezcan por motivos ambientales deban compensarse con rebajas en otros tributos). La razón es muy simple. Si se trata de converger con la UE también en esto, entonces queda bastante margen para elevar progresivamente la presión fiscal, habida cuenta que estamos varios puntos por debajo de la media comunitaria, y nuestras necesidades sociales y ecológicas así lo demandan. Producen sonrojo, pues, las invitaciones del Gobierno y el grueso de la oposición para reducir los impuestos, fomentando de manera irresponsable que estos sean vistos como un coste individual en vez de un beneficio que repercute posteriormente en la colectividad. Cosas antiguas, en definitiva. Pero, en fin, paciencia y buenos argumentos.

Óscar Carpintero
Profesor de Economía de la Universidad de Valladolid