El Plan Nacional de Asignación de Emisiones, más cerca de Kioto

El Gobierno ha aprobado recientemente el Plan Nacional de Asignaciones (PNA), una estrategia para poder cumplir con los compromisos adquiridos en Kioto y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,causante del calentamiento del planeta. José Santamarta, director de la edición española de la revista WorldWatch, analiza en este artículo el PNA.El plan afecta a todos los sectores emisores, incluidos los difusos (como el transporte y la edificación) / Uno de los aspectos positivos del PNA es la promoción de la cogeneración. / No se pondrán en peligro los 160.000 empleos en los cinco sectores afectados por la Directiva. Los mecanismos de flexibilidad van a jugar un papel clave.

El primer Plan Nacional de Asignación de Emisiones (PNA) presentado por el Gobierno es globalmente positivo, y supone la ruptura con la dinámica de aumento de las emisiones de gases de invernadero. El borrador ha contentado, al margen de exageraciones dialécticas, a casi todos. A las ONG ecologistas, porque veían en peligro el cumplimiento del Protocolo de Kioto, tras los ocho años perdidos de gobiernos del PP. Las empresas respiran aliviadas porque el Protocolo de Kioto (PK) no es tan fiero como creían, y los derechos asignados permiten una transición suave y sin traumas. Los sindicatos CCOO y UGT reconocen como útil un borrador que encarrila el cumplimiento del PK, sin poner en peligro los 160.000 empleos en los cinco sectores afectados por la Directiva de la Unión Europea. Y, en todo caso, estableciendo mesas tripartitas para analizar los posibles impactos sobre el empleo y buscar, anticipadamente, las soluciones oportunas. Utilidad que ha reconocido también el Consejo Económico y Social en un dictamen de consenso elaborado por las organizaciones empresariales, sindicales y demás entidades sociales.

Un borrador positivo

En primer lugar, hay que citar la herencia que dejó el PP: un aumento del 40,4% de las emisiones ya en 2003, y la ausencia de cualquier documento que se parezca al PNA, lo que ha obligado a hacer en pocas semanas lo que no se hizo en años.

EL BORRADOR ES POSITIVO, porque apuesta por la eficiencia energética y las energías renovables, parte de la voluntad de cumplir el Protocolo de Kioto, afecta a todos los sectores emisores (incluidos los “difusos”, como transporte y usos residenciales), implica a todos los agentes sociales (Administraciones, empresas, sindicatos y ONG) y a las diversas administraciones (diversos Ministerios, Comunidades Autónomas y Municipios), y abre un proceso participativo.

Los mecanismos de flexibilidad del PK van a jugar un papel importante (el 7% de las emisiones del periodo 2008- 2012), por la dificultad de conseguir las reducciones deseadas sin afectar gravemente al empleo y a la actividad económica. El PNA hace hincapié en el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), dada la presencia de empresas españolas en Latinoamérica. El periodo base para el PNA son las emisiones de los años 2000, 2001 y 2002, y afecta a 1.066 instalaciones.

Una oportunidad de modernización

Las emisiones, con el PNA, aumentarán un 24% en el periodo 2008-2012 respecto al año base 1990 (con la salvedad de los 3 gases industriales, que parten de 1995). Ello supone una reducción del 16% respecto a las emisiones de 2003 (40%) y del 30% respecto a las emisiones tendenciales según los planes dejados por el anterior gobierno del PP. Alcanzar tal objetivo no va a ser nada fácil, y sólo se podrá lograr con un gran consenso de la sociedad civil y las empresas, que deben tomarse el cambio climático en serio, y comprender que la reducción de emisiones, más que un sacrificio, es una oportunidad de modernización y de equidad generacional.

La diferencia entre ese 24% y el 15% (aumento de las emisiones respecto de las que había en 1990, compromiso de- España para cumplir el PK) se cubre con sumideros (2%) y la adquisición de derechos en el exterior merced a los mecanismos de flexibilidad del PK (7%, 20 Mt anuales). Los mecanismos citados son la Aplicación Conjunta (proyectos de reducción entre países industrializados), el Mecanismo de Desarrollo Limpio (proyectos en los países en desarrollo) y el comercio de emisiones. El coste de adquirir ese 7% irá de 100 a 300 millones de euros anuales, aunque todavía es muy pronto para hacer estimaciones fiables, y dilucidar quién y cómo se va a pagar tal cantidad, por otro lado asumible. Probablemente el Gobierno se hará cargo del 60% del coste, y el 40% restante correrá a cargo de las empresas de los sectores afectados por la directiva.

Las emisiones asignadas a los sectores de la Directiva en el periodo 2005- 2007 son razonables, excepto en el sector eléctrico, donde son demasiado altas, dadas las posibilidades reales de reducción con el nuevo “mix” eléctrico, aunque es comprensible, dada la presión de algunas empresas eléctricas y los sindicatos mineros. Pero la explicación es obvia: mantener en actividad las centrales de carbón, tanto por razones económicas (en el caso del carbón de importación, mucho más barato que el gas natural) como sociales (mantener el empleo en la minería nacional de carbón). Sin olvidar la presión de los gobiernos autonómicos donde se ubican las minas de carbón, o los sindicatos de los sectores afectados. Uno de los aspectos positivos del PNA es la promoción de la cogeneración (producción simultánea de calor y electricidad), a la que se destinan la mitad de las asignaciones para los nuevos entrantes. El PNA utiliza criterios asumibles por la Directiva, muy probablemente será aprobado por la Comisión Europea sin problemas y es un buen comienzo, tras los ocho años perdidos con el PP.

José Santamarta
Director de la edición española de “WorldWatch”

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