La Novena Conferencia de las Partes (COP9) de la Convención sobre Cambio Climático, celebrada en Milán el pasado diciembre, dejó claro que el proceso de Kioto continúa a pesar de las dudas de Rusia para ratificar el acuerdo. Y también quedó clara la postura de apoyo de la Unión Europea, aunque España –el mayor incumplidor del Protocolo dentro de la UE- pidiera una mayor flexibilidad de los compromisos adquiridos. Las palabras de Romano Prodi, presidente de la Comisión Europea, son muy ilustrativas: «La Comisión respalda con firmeza el Protocolo de Kioto y los planes para su ejecución dentro de la UE. No vamos a cambiar nuestra posición ni vamos a retroceder respecto a los compromisos adquiridos».
De hecho, la Conferencia ha alcanzado dos importantes acuerdos. El primero de ellos es un procedimiento para los proyectos adscritos al llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio, que permitirá a los países industrializados contabilizar como propia la reducción de emisiones en terceros países a través de la ejecución de proyectos que supongan transferencia tecnológica del Norte al Sur. El segundo tiene que ver con la puesta en marcha de dos fondos económicos: el Fondo para los Países Menos Desarrollados, acordado hace dos años en Marrakech; y otro de nueva creación, el Fondo Especial para el Cambio Climático. El compromiso de financiación adicional es de 410 millones de dólares anuales a partir de 2005, aportados por la Unión Europea, Canadá, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega y Suiza.
Por otro lado, la Conferencia ha mostrado también la lamentable situación española. España es el país industrializado con peores resultados en crecimiento de emisiones: 38% en 2002 en relación a 1990. Y es también el único país de la UE que todavía no dispone ni de una estrategia, ni de plan alguno para combatir el cambio climático.
Esta posición nos puede costar muy cara si no hay una pronta reacción de toda la sociedad, empezando por el Gobierno y siguiendo por las empresas. La petición hecha por el presidente de la CEOE al vicepresidente económico del Gobierno para que España reconsidere la ratificación de Kioto, incomprensible en cualquier otro país de la UE, expresa claramente que los empresarios españoles están totalmente fuera de la realidad.
Pero todavía estamos a tiempo de reaccionar. Es urgente que el Gobierno elabore de una vez un plan de acción sobre cambio climático y que corrija tanto la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, recién aprobada, como el Plan de Infraestructuras y Transporte Energéticos, para adaptarlos al cumplimiento del Protocolo de Kioto, que le obliga a no aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero en más de un 15% para 2008-2012 en relación con las emisiones de 1990. Esto será bueno para el medio ambiente, pero también para la economía española, para el empleo.