En las mismas fechas en que en la sede de CC.OO. presentábamos el Informe de emisiones de gases de efecto invernadero en España 1990-2002, en el que se denunciaba que las emisiones españolas han crecido un 38%, el Ministerio de Economía daba a conocer un borrador de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012, que expresaba la intención del Gobierno español de no cumplir con Kioto, al contemplar un aumento de las emisiones del 58% en 2012, en el supuesto de que se consiguieran los objetivos de tal estrategia.
No es la primera vez que el Gobierno se expresa de esa manera. Ya lo hizo con ocasión de la planificación de las redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011 que estimaba que con las emisiones de dióxido de carbono de origen energético aumentarían un 64% entre 1990 y 2010, en el escenario más favorable, lo que cuadruplicaba ampliamente el 15% de aumento autorizado para España por la Unión Europea para cumplir con los compromisos de Kioto.
De hecho, el ahorro energético del 7,2% que se pretende alcanzar con tal estrategia no lo es sobre los consumos actuales, sino sobre los que se producirían en el caso de no actuar.
Si los objetivos de tal borrador deben ser claramente corregidos, para adecuarlos a las obligaciones europeas e internacionales adquiridas por España y comprometidas nada más y nada menos que con el voto del Congreso de los Diputados, lógicamente lo deben ser también sus contenidos, que son manifiestamente mejorables, y las inversiones asociadas previstas, que deberían multiplicarse. CC.OO. hemos hecho ya propuestas en ese sentido.
Esta reorientación no es sólo un imperativo derivado de los compromisos internacionales, es también y sobre todo una necesidad ambiental, económica y social.
Ambiental, porque la estabilización y reducción de las emisiones es imprescindible para detener el cambio climático, que ya se está produciendo con efectos tan notorios como las inundaciones o la ola de calor, inusuales, que venimos padeciendo en Europa los últimos veranos.
Económico, porque tal incumplimiento de Kioto tendría altísimos costes para nuestro país, entre 1.400 y 4.000 millones de euros; además de que el crecimiento de la intensidad energética que representa supone una pérdida de competitividad de la economía española en relación a otras economías europeas que están reduciéndola.
Y social, no sólo porque tales costes económicos tendrán efectos sociales adversos, sino también porque la eficiencia y el ahorro energéticos son grandes generadores de empleo.