Los PCB son una familia de sustancias químicas peligrosas incluidas en la «docena sucia» del Convenio de Estocolmo para la eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP). A pesar de que su fabricación y comercialización están prohibidas en el Estado español desde 1976, los PCB siguen estando presentes en numerosos puestos de trabajo, sin que las Administraciones responsables tomen las medidas necesarias para eliminarlos. La Secretaría Confederal de Salud y Medio Ambiente de CC.OO. está desarrollando diversas iniciativas para acelerar la eliminación de los PCB , el primero de los COP que tiene un plan de eliminación en el Estado español.
Torrelles de Llobregat es un municipio del Área Metropolitana de Barcelona que se ha distinguido desde hace años por un tratamiento ecológicamente responsable de sus residuos urbanos. Fue conjuntamente con Molins de Rei el primer municipio en Cataluña en introducir la separación en origen de la materia orgánica, en el marco del proyecto Residu Mínim. Actualmente se encontraba en un nivel alto de recuperación (alrededor del 50%), pero con la percepción de que este nivel difícilmente sería superable si el sistema de recogida continuaba basándose en un modelo de aportación voluntaria a contenedores de recogida selectiva.
El pasado día 5 de junio, tuvo lugar en Madrid un encuentro general de delegados y delegadas de prevención, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. Se trataba del primer gran acontecimiento de estas características que se organiza con delegados y delegadas de prevención desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, por lo tanto, de la primera ocasión en la que el conjunto de delegados y delegadas de prevención de CC.OO. hacíamos balance de nuestra actividad en los centros de trabajo. También queríamos poner de manifiesto la gran relevancia que el trabajo sindical en salud laboral ha ganado en los últimos tiempos en el conjunto de la organización.
Se han aprobado recientemente dos normas de ámbito estatal que introducen deducciones o bonificaciones para las empresas por inversiones de carácter medioambiental (energías renovables, planes de transporte o medidas anticontaminación) en algunos impuestos (IAE, Impuesto sobre Sociedades e IBI).Se han aprobado recientemente dos normas de ámbito estatal que introducen deducciones o bonificaciones para las empresas por inversiones de carácter medioambiental (energías renovables, planes de transporte o medidas anticontaminación) en algunos impuestos (IAE, Impuesto sobre Sociedades e IBI).
El secretario confederal de Medio Ambiente de CC.OO., Joaquín Nieto, recibió el pasado mes de abril el Premio Fungesma 2003 a la Trayectoria Personal en Defensa de la Tierra. Este prestigioso premio ha sido otorgado en estos años a personalidades como el recientemente fallecido José Antonio Valverde, pionero en la conservación de Doñana; a Artemio Precioso, cofundador de Greenpeace-España, y a organizaciones como Ecologistas en Acción de Andalucía o Adena-WWF. El premio fue entregado por Vandana Shiva. Reproducimos aquí un extracto del discurso de agradecimiento.
Desde CC.OO. llevamos mucho tiempo denunciando la práctica inexistencia de medidas que frenen el espectacular incremento de la demanda de energía. No hay un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, no hay una fiscalidad ni una política de precios energéticos adecuadas (en términos relativos cada vez es más barata la energía) y tampoco hay una adaptación de los obsoletos requerimientos constructivos para la climatización y el confort acústico.
La importancia de una adecuada gestión ambiental en un sector de gran peso en la economía nacional como la construcción (alta contribución al PIB, nivel de generación de empleo...) viene respaldada por el gran impacto ambiental que gran parte de sus operaciones genera. Sirva de ejemplo que el Estado español es el cuarto productor de escombros de la Unión Europea, con una media de 548 Kg/habitante.
Todas las comunidades autónomas están iniciando ya las actuaciones destinadas al cumplimiento de las exigencias de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación ( LPCIC). Esta disposición afecta, en principio, a cerca de 6.000 empresas en el Estado español de distintos sectores de la producción: empresas con instalaciones de combustión, cementeras, cerámicas, industrias químicas, textiles y cuero, fabricantes de papel, cartón y celulosas, numerosas industrias agroalimentarias y ganaderas, las instalaciones de producción y transformación de metales y las plantas de tratamiento de residuos (vertederos, incineradoras, etcétera).