Nuevo accidente químico en Catalunya

El 1 de junio, la población de Sant Celoni (Barcelona) sufrió un escape de gas cloro con el resultado de una presunta persona muerta y más de cien ingresos en hospitales, mostrando nuevamente los peligros asociados a industrias que utilizan, almacenan o fabrican sustancias tóxicas, como es el caso de las industrias relacionadas con el cloro. La empresa Uquifa no está obligada, según la legislación, a tener un Plan de Emergencia Exterior, lo que desvela las notables insuficiencias de la normativa para informar y proteger a los ciudadanos de los potenciales riesgos a que está expuesta con respecto de muchas industrias químicas. En esta ocasión se reiteraron algunas circunstancias del accidente de Erkimia ocurrido el pasado enero y que produjo un escape de 6 toneladas de cloro, como fue la desinformación general de la población sobre qué hacer en casos de emergencia y la tardanza de la empresa en comunicar la fuga a las autoridades (fueron los propios vecinos quienes dieron la alarma), siendo ambos factores cruciales para procurar la máxima protección ciudadana.

EMPRESAS SANCIONADAS EN 1995 1
(Con una multa igual o superior a 5.000.000.- Ptas.)

INFRACCIÓN (Artículo Ley 6/93) SANCIÓN (pesetas)

Actividad de gestión de residuos sin licencia 5.000.000 
Actividades sin obtención de licencia 5.000.000 
Actividades de producción y gestión de residuos sin licencia / Ocultación o alteración de datos para obtener las autorizaciones, permisos, etc 5.000.000 
Actividad de producción y gestión de residuos sin licencia / Omisión de las seguridades o garantías previas a las actividades que afectan el medio ambiente / Incumplimiento del Programa de restauración 11.500.000 
Actividad de producción y gestión de residuos sin licencia. 5.000.000 
Actividad de producción y gestión de residuos sin licencia / Incumplimiento de las obligaciones documentales (registros,declaraciones, etc.) 7.500.000 

1 En 1995, además, se adoptaron medidas cautelares en 11 casos de los expedientes sancionadores del área industrial de la Junta de Residuos; y cinco expedientes sancionadores fueron enviados a la fiscalía.

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