El 17 de enero de 2002, el Tribunal constitucional levantó la suspensión que se había decretado cuando el gobierno central interpuso un recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley del Impuesto sobre estancias en empresas turísticas de alojamiento (ley de la «ecotasa» del gobierno regional balear, de abril de 2001). Este auto autoriza el cobro del impuesto desde su publicación en el Boletín oficial del Estado (BOE). Tanto CC.OO. como UGT apoyan con firmeza la «ecotasa».

La administración regional «multicolor » (socialistas, verdes, Izquierda Unida, nacionalistas...) ha creado una tasa ecoturística que grava las estancias en hoteles y apartamentos por un importe diario que varía entre 0’25 euros (agroturismo) y 2 euros (hoteles de gran lujo), y de la que quedan exentos los menores de 12 años y el turismo social. La nueva tasa proporcionará los recursos financieros –unos 60 millones de euros anuales— que nutrirán el Fondo de Rehabilitación de Espacios Turísticos, creado por la Ley 12/1999, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública y económicas.

Se trata, sobre todo, una herramienta de mejora y conservación de la principal fuente de riqueza y empleo de las Islas: el turismo. Esta «ecotasa» no es en rigor un tributo ecológico (no pretende modificar comportamientos, su impacto sobre los problemas ecológicos de fondo será muy restringido), pero hay que valorarla como un principio prometedor: comenzar a asumir responsabilidades.

Los economistas definen los costes externos o «externalidades» como costes sociales no compensados. Prácticamente todos los fenómenos de contaminación son ejemplos de costes externos; también la destrucción de vida animal o vegetal, o el agotamiento de ecursos naturales, son ejemplos inmediatos de externalidades ecológicas.

Este no es en absoluto un problema ajeno a los trabajadores. Buena parte de sus luchas, desde hace dos siglos, se encaminan a impedir las externalidades sociales que afectaban su salud y su calidad de vida: la explotación laboral, el trabajo insalubre, el trabajo infantil, el trabajo precario...

Las empresas engañan a la sociedad hablando de reducción de costes cuando lo que realmente tiene lugar, es exportación de daños. Los costes «evitados» por las empresas se lanzan hacia las partes menos visibles del cuerpo socioecológico: las clases bajas, los países pobres, los ecosistemas, los animales, las generaciones humanas futuras.

Ahí donde los economistas hablan de externalidades, nosotros tenemos que insistir en que se trata de daños exportados: y que otros los sufren. Por tanto, hay que aspirar a la internalización de todos los costes sociales y ambientales.

En economías con mercados, los impuestos y tasas ecológicas son herramientas imprescindibles para la reconstrucción ecológica de la sociedad industrial. A partir de 1992, la Confederación Europea de Sindicatos defiende con vigor la idea de una profunda reforma fiscal ecológica para encarrilar nuestras sociedades hacia un desarrollo verdaderamente sostenible. Lo ha reafirmado en importantes resoluciones de los congresos de Bruselas (1995) y Helsinki (1999). Este reforma fiscal incluiría, además de ecoimpuestos sobre la energía, otros tributos ecológicos, por ejemplo sobre plaguicidas (véase el documento Réforme fiscale environnementale, CES, Bruselas 1999).

Como dicen los documentos aprobados en el VII Congreso de CC.OO./ Baleares, «hoy hay que introducir en cualquier discurso sobre el fenómeno turístico el elemento de sostenibilidad ecológica y social ». La «ecotasa» balear es un paso en esta dirección, para no vivir a base de exportar daño. Vivir, trabajar y consumir asumiendo nuestras responsabilidades como trabajadores y como ciudadanos.

Más información:

Jorge Riechmann
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Página web del gobierno balear sobre la ecotasa: www.ecotaxa.org 
Gabinete Técnico CC.OO. Illes Balears,
C/ Francesc de Borja Moll 3, 07003 Palma de Mallorca, tel. 971726060.