Para un sindicato una adecuada política de protección de ciertos espacios naturales que tienen un elevado nivel de riqueza biológica es muy importante. En primer lugar porque la biodiversidad cumple una función ecológica global importantísima (sumidero de CO2, mantenimiento de la riqueza de flora y fauna...), pero también porque el medio natural es la base de múltiples recursos productivos y económicos (forestales, pesqueros, agrícolas, patrimonio paisajístico...) que si se deterioran pueden afectar negativamente al empleo.

Además, no debemos olvidar que un creciente número de trabajadores viven directamente de la conservación de los espacios protegidos (Agentes forestales, guías, personal de servicios y gestión de los parques...). Solo en el Parque Nacional de Doñana, por ejemplo, existen 360 empleos directos en esas tareas. Contrariamente a lo que suele pensarse, los municipios que están en el interior o en el entorno de los parques naturales, lejos de ver coartado su desarrollo económico, presentan una situación más boyante que la de otros municipios rurales similares y suelen tener unas tasas de desempleo menores.

Existen, pues, muchas razones para que no ocupemos de que las políticas de gestión de estos espacios se desarrollen con criterios conservacionistas y teniendo en consideración los aspectos de potenciación de las economías rurales y de creación de empleo.

RED ESPAÑOLA DE ESPACIOS PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000

En el Estado español, donde existe la riqueza natural más importante de Europa, existe desde hace tiempo una legislación de protección de espacios naturales que ha ido configurando una red de Parques Nacionales y de otras figuras de protección a nivel autonómico. La declaración de estos Espacios Naturales Protegidos (ENP), que lleva aparejada la de utilidad pública, implica la posibilidad de limitación del aprovechamiento de algunos de sus recursos naturales. En los Parques Naturales o Regionales y en las Reservas Naturales esos usos habrán de ser fijados por los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG).

Este panorama puede ampliarse por la puesta en marcha de la Red Natura 2000. Se trata de una red de zonas protegidas a nivel europeo que se ha de desarrollar a partir de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los Habitats naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.

Esta red la conforma una Lista de Lugares de Interés Comunitario (LIC) que ha de aprobarse por la CE a propuesta de cada estado miembro. Posteriormente esos lugares se declararán por cada Estado como Zonas de Especial Conservación (ZEC). Hasta Ahora el Estado Español ha propuesto algo más de 1.200 lugares a la Red Natura 2000 que suponen 12´4 millones de hectáreas (el 23´4 % de la superficie). Esta red se añade y complementa al actual sistema de espacios protegidos señalado anteriormente.

El proceso para la puesta en marcha de la Red, que tiene que estar ultimado en junio de 2004, lleva un considerable retraso. La Lista Nacional de Lugares (LNL) debería haberse presentado por cada estado miembro antes de junio de 1995. El Gobierno Español la presentó en 1999, pero la CE se la devolvió por incompleta y aún no está entregada la definitiva.

Todas las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas como tales por la Directiva de Aves estarán, también, incluidas automáticamente en la Red Natura 2000.

En su día serán las Comunidades Autónomas las administraciones encargadas de la gestión de las ZEC. Para ello se deberán elaborar Planes de Gestión, deberán adoptar medidas administrativas y de cualquier otro tipo para lograr una elevada conservación de esos habitats y especies y deberán realizar evaluaciones de le repercusión ambiental de cualquier proyecto que les pueda afectar.

Aunque la Comisión Europea ha dicho que la Red Natura 2000 no va a tener financiación específica, existen ciertos fondos como los LIFE-naturaleza y los Estructurales que podrán aplicarse a estos espacios.

COMBINAR CONSERVACION Y DESARROLLO SOCIAL

Comisiones Obreras ha venido adoptando posiciones e iniciativas en relación con la situación o los conflictos en muchos espacios protegidos. Esta intervención se ha podido desarrollar mejor en las Comunidades Autónomas (Andalucía, Baleares y Extremadura) donde los sindicatos forman parte de los patronatos o Juntas Rectoras de los parques naturales.

Hemos realizado, también, varias jornadas y reuniones donde las Federaciones de rama y las organizaciones territoriales más relacionadas con la problemática han ido perfilando una serie de criterios para enfocar mejor nuestra acción sindical ante estos Espacios protegidos.

Para el sindicato es necesario impulsar el desarrollo socioeconómico local, buscando y potenciando el valor añadido de los recursos tradicionales, base entre otras cosas de un empleo estable que permita superar sistemas de subsistencia precarios y vulnerables. En ese marco hay que contemplar la compensación y búsqueda de alternativas a las limitaciones de usos o aprovechamientos incompatibles con la conservación de estos espacios. La conservación no sólo debe ser del medio natural, sino de la población del entorno.

Es preciso fomentar la participación social. Hay que intentar, por ejemplo, que las concesiones de uso o aprovechamiento se adjudiquen a quienes presenten proyectos más sostenibles, enmarcados en las necesidades del entorno y cuyos beneficios y empleo reviertan en la zona. Hay que implicar a los sectores afectados en la gestión de los E.N.P., sin que ello deba suponer la sustitución por parte de la iniciativa privada del papel que el sector público tiene y debe seguir teniendo como garante de la conservación de esos espacios. En general, hay que impulsar y promover la participación democrática de todos los sectores y ciudadanía implicada en los órganos de representación propios de los parques (patronatos o Juntas Rectoras) así como en las Agendas 21 locales que se pudieran poner en marcha. Un ENP es viable solo si existe implicación y complicidad de las poblaciones del entorno.

La planificación de los usos, equipamientos, ayudas y aprovechamientos, debe combinar armónicamente la conservación adecuada del medio natural con el desarrollo social de la zona. En ese sentido los Planes de Desarrollo sostenible (PDS) deberían ser instrumentos de gestión complementarios a los propios PORN o PRUG.

Debemos hacer desde CC.OO. un seguimiento exhaustivo de los fondos públicos para infraestructuras, proyectos de desarrollo y subvenciones en general. Para una mejor canalización de esos fondos conviene que exista en cada Parque una oficina de asesoramiento para: proyectos, subvenciones, temas urbanísticos, forestales, ganaderos, agrícolas y turísticos.

Desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad no solo es conveniente la protección de los espacios regulados y protegidos específicamente por ley, sino de todos los de su entorno y áreas de influencia, y especialmente de los llamados corredores biológicos (dominio público hidráulico, vías pecuarias..). También es necesario que se tengan en consideración todos estos espacios en las diferentes figuras de la Ordenación del territorio y la planificación urbanística. El entorno de los ENP, como áreas de influencia socioeconómica relacionadas con estos, deben ser considerados en los PDS, para evitar que estos ENP se conviertan en islas o guetos, desligados totalmente de su entorno.

No se pueden mantener estos espacios en buenos niveles de conservación si no existe un control y una vigilancia suficiente de los mismos. A este respecto es esencial desarrollar el carácter de servicio público de los colectivos de agentes forestales y agentes medioambientales en las diferentes funciones que tienen asignadas en ellos: vigilancia, inspección, control e información. Es preciso que se mejoren y homogeneicen sus condiciones laborales y funcionales y que estén dotados de más medios técnicos y humanos, de manera que se incremente su eficacia y profesionalidad.

TURISMO RURAL

El turismo se considera como una alternativa interesante y recurso a potenciar en sus modalidades de turismo rural, senderismo, ornitológico, de montaña, etc., siempre evaluando el impacto ambiental que pueda suponer para estos espacios. No obstante, desde CC.OO. queremos alertar y denunciar la masificación que ha supuesto para muchos Espacios naturales, por el mero hecho de haberse convertido en reclamo y oferta complementaria del turismo de masas.

El turismo rural debe desarrollarse en estos espacios protegidos aprovechando los atractivos y recursos propios de la zona y no estableciendo infraestructuras nuevas e impactantes, como campos de golf, urbanizaciones de adosados, nuevas estaciones de esquí, etc. y evitando la especulación foránea.

Muchos Parques no están preparados para recibir una afluencia masiva de gente, por lo que puede ser conveniente adecuar y regular la infraestructura y los sistemas de acceso, restringiendo el acceso en coche y ciertas prácticas deportivas de elevado impacto ambiental.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

En este terreno hay que promover la incentivación de una agricultura más sostenible, dotándola de un marco de ayudas y de canales comerciales adecuados. Dentro de ella debe incentivarse especialmente la agricultura y la ganadería ecológica.

Para ello es muy interesante la creación de marcas de origen y de sellos de denominación en los Espacios Naturales Protegidos que proceda (de los productos de la zona), así como potenciar los usos tradicionales y los recursos endógenos.

POLÍTICA FORESTAL

Hay que tratar de que se potencie la función pública de los bosques. En los montes públicos otorgando las concesiones de aprovechamiento a los que presenten proyectos más favorecedores del empleo, la conservación del medio natural, los usos tradicionales y las economías locales.

En los Espacios Naturales Protegidos el aprovechamiento maderero generalmente debe ser limitado, pero no así otros aprovechamientos tradicionales de los bosques (corcho, resinas, setas, leña, trufas, bellotas, plantas aromáticas...). Resulta de especial interés la promoción de la certificación forestal FSC (Forest Stewardship Council) que es la que garantiza mejor unas adecuadas condiciones ambientales y sociales en la gestión de los bosques.

Más información:

Carlos Martínez Camarero
Dpto. Medio Ambiente de la C.S. de CC.OO.
C/ Fernández de la Hoz, 12
28010 Madrid.
Tel.: 91 702 80 60. Fax: 91 310 48 04
cmcamarero@ccoo.es