Estimado Sr/Sra:

El Gobierno Español va a asumir la presidencia de la Unión Europea durante el primer semestre del 2002. El país que adopta esta responsabilidad está obligado a liderar y tomar las iniciativas pertinentes en el ámbito comunitario.

Las organizaciones sociales y ambientales españolas que suscribimos esta carta deseamos transmitir a los responsables de la política medioambiental europea nuestra preocupación por la actitud y el comportamiento del Gobierno Español en relación con un aspecto esencial de esta política: la casi total ausencia de participación y diálogo social en su elaboración e implementación. Cuatro de las asociaciones ecologistas españolas más importantes se han dirigido ya a la Comisaria Europea y al Director General de Medio Ambiente de la C.E. señalando este problema.

Son muchos los acuerdos internacionales y los programas y Directivas Comunitarias que obligan a las diferentes autoridades a fomentar la participación de todas las organizaciones representativas de intereses sociales en las políticas medioambientales (Agenda 21, Convenio de Aarhus, VI Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente, Cumbre de Göteborg ..). Sin embargo el Ministerio de Medio Ambiente español mantiene paralizados e inactivos la mayor parte de los órganos asesores y consultivos que están puestos en marcha para canalizar esa participación social. Esto es especialmente grave en el caso del principal órgano consultivo, el Consejo Asesor de Medio Ambiente, creado en 1994 y que no se reúne desde el 10 de septiembre de 1997, a pesar de que en 1998 el propio Congreso de los Diputados instó al Ministerio a que lo convocara.

El actual Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, al poco de tomar posesión en mayo de 2000 aseguró que el diálogo sería un eje prioritario de su Departamento. Sin embargo, y a pesar de las reiteradas peticiones para una reforma democrática de su reglamento y para su convocatoria, sigue sin ser convocado desde hace cuatro años. Con ello se pretende, sin duda, silenciar las voces críticas de las organizaciones sociales ante una política ambiental particularmente pasiva e incumplidora de los programas y directivas comunitarias.

Las organizaciones sociales no podemos dejar de señalar esta situación que puede condicionar la necesaria transparencia y participación social en el desarrollo de la presidencia española de la Unión Europea, por lo que le rogamos que se interese ante las autoridades españolas a fin de que se dé solución a esta carencia en un tema tan importante para el desarrollo de las políticas ambientales.

Madrid, 22 de noviembre de 2001