Entre las cosas más importantes que hemos aprendido en este curso es que debemos repensar toda la política de salud laboral en esta materia.

La idea que podemos deducir de este curso es que los problemas están localizados y que lo que en realidad habría que hacer, no es seguir buscando evidencias de lo que ya se sabe, sino priorizar las actuaciones. Las prioridades se pueden establecer en base a diversos criterios: mayores cantidades, mayor peligrosidad, existencia de alternativas, viabilidad económica...

A pesar de que muchos conferenciantes nos han descrito una panorama complejo e inquietante, debemos sentirnos algo esperanzados, pues al menos hoy tenemos nuevas políticas (Estrategia europea sobre el riesgo químico, Convenio COPs...). También se empieza a tener una nueva percepción y acercamiento a los problemas (deficiencias de los TLV, de los análisis y reconocimientos médicos laborales...) y a las soluciones (principio de precaución...). Se está avanzando, a su vez, en el compromiso político con objetivos y plazos más claros (por ejemplo, la Cumbre de Gotenburgo y la Estrategia de Desarrollo Sostenible).

OMC Y GLOBALIZACIÓN

Pero no podemos engañarnos en la interpretación de las tendencias, pues la mayoría son negativas, entre ellas las causadas por la influencia de la OMC en la globalización. Estamos viendo cómo a medida que se incrementan las políticas ambientales preventivas, se incrementan también las fuerzas que se oponen a cualquier restricción (en un contexto de liberalización que da cada vez más poder a las multinacionales y menos a los gobiernos). Sin embargo, el ejemplo de la supervivencia del Protocolo de Kioto gracias a la actuación unilateral de la UE constituye un paso importante.

En este contexto, los Convenios Internacionales tienen un gran valor. Las moléculas viajan por los diversos países y la contaminación deja de ser un problema local. Frente a esta realidad planetaria, sólo los Convenios permiten una regulación global. Posiblemente se logre ratificar el Convenio de los COPs en un tiempo razonable (septiembre 2002). Río+10 será la confirmación del valor de los Convenios y demás instrumentos internacionales.

El papel de los agentes sociales también es cada vez más predominante y activo en materia medioambiental. Raramente se inician los cambios por presiones endógenas, sino que son necesarias fuerzas exógenas. Por ejemplo, lo que sucede ahora en la UE respecto al posible cambio en el modelo agroalimentario, no viene de la iniciativa del sector, sino de fuera, como consecuencia de la crisis del modelo agropecuario industrial a raíz de las vacas locas, los pollos con dioxinas o los benzopirenos en el aceite.

Pero aunque la iniciativa venga de fuera, los cambios de verdad ocurren desde dentro y para ello hace falta participación. ¿Serán posibles cambios en la industria química si no contamos con los trabajadores? La misma pregunta podríamos hacernos con el sector nuclear o con la agricultura. La participación es imprescindible, sin embargo, no podemos quedarnos anclados solamente en pedir participación y, después, cuando se obtiene el derecho a participar, no tener nada que decir. Los representantes sociales debemos tener objetivos social y ambientalmente comprometidos con los cambios.

¿QUÉ ES LO QUE TENEMOS QUE CAMBIAR?

En este curso ha surgido en diversas ocasiones la necesidad de diferenciar entre la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la gestión de la crisis. Según aclaró el propio Domingo Jiménez Beltrán se tiende a confundir la evaluación del riesgo que resulta de un proceso científico y la gestión del riesgo que constituye una función de la administración y de las empresas. Entre la evaluación y la gestión es cuando se debe aplicar el Principio de Precaución.

A este respecto también aclaraba el doctor Rodríguez Ferré que el riesgo equivale a posibilidad, siendo las propias curvas dosis-respuesta probabilísticas. Por tanto, incluso en el campo científico a partir de cierta incertidumbre se toman decisiones científicas. Esta realidad sobre la determinación de lo que constituye un riesgo o no, es lo que impide que se apliquen los límites de protección (de salud o ambientales) de una forma estricta. Es decir, si una sustancia altera el sistema respiratorio a una concentración de 5 microgramos/m³, cómo podemos garantizar que a 4,9 microgramos/ m³ no se vayan a producir daños. Es después de esta evaluación del riesgo, cuando se toman decisiones políticas para determinar cómo gestionar el riesgo (p.e. cada país de la UE ha adoptado diferentes niveles máximos admisibles de plaguicidas en alimentos).

En muchos casos se debería poder prescindir de la certidumbre del riesgo para tomar decisiones responsables. Esto es así en al menos las ocasiones en las que existan dudas razonables sobre la evidencia científica, con el fin de aplicar el Principio de Precaución. En este sentido, cambiaría el enfoque de medir únicamente lo medible hacia la incorporación de riesgos a bajas dosis, por multiexposición, efectos transgeneracionales o a muy largo plazo.

Las crisis hay que atenderlas, desde luego, para resolver los problemas urgentes que generan, pero también con la idea de prevenirlas, para que no se vuelvan a repetir. Es ese sentido resulta imprescindible que se elaboren estrategias, con objetivos, actividades, calendario y asignación de recursos. Debemos exigir a nuestras autoridades que actúen, no menos, sino con una visión más estratégica. Actuar no sólo puntualmente ante las crisis, sino también más a medio y largo plazo.

ELIMINACIÓN Y SUSTITUCIÓN

Debemos cambiar, por otro lado, la orientación desde el control del riesgo hacia su eliminación. Y, en este sentido, cambiar las preguntas que debamos hacernos. En primer lugar debemos plantearnos si es necesario un determinado producto. Segundo, si para producirlo es necesario un determinado proceso. Después siempre nos podemos plantear si es posible sustituir una sustancia por otra. En la búsqueda de los productos, sustancias o preparados “alternativos” cabe el riesgo de enquistarnos en la búsqueda de opciones totalmente inocuas o a la espera de evaluaciones exhaustivas. A veces la industria usa esa falta de información o la falta de un 100% de garantía para dilatar los procesos de sustitución, manteniendo en el mercado productos inaceptablemente peligrosos. Sin embargo, en muchos casos existen soluciones que claramente supondrían una reducción de los riesgos ambientales y sanitarios de forma significativa, aunque si mantienen riesgos, aunque sean menores, habrá que seguir paralelamente en la búsqueda de mejores opciones, en un proceso de mejora continuada.

Una parte importante de la necesaria reducción de tóxicos se dará, sin duda, con la sustitución de productos por servicios. Es decir, el uso de plaguicidas se podría sustituir en muchos casos eficazmente por la contratación del control de las plagas, de forma que el servicio contratado reducirá el uso de plaguicidas o, mejor aun, empleará métodos alternativos.

El Principio de Precaución ya no es sólo un enunciado sino que comienza a hacerse operativo en muchas de las políticas. Con la presentación del profesor Joel Tickner, de la Universidad de Massachussets Lowell, hemos podido apreciar lo mucho que se ha avanzado en el desarrollo y en las implicaciones del concepto. El Profesor Tickner apuntaba que la aplicación de este principio requiere un cambio en la investigación para integrar tanto datos cuantitativos como cualitativos. Por otro lado, la experiencia también nos ha enseñado que no siempre hace falta para una correcta decisión política la existencia de una evaluación de riesgos exhaustiva si se tiene suficiente información sobre exposición, riesgos, alternativas y la valoración sobre la “necesidad” o no de un producto.

REPENSAR LAS POLÍTICAS DE SALUD LABORAL

Una de las conclusiones más profundas que he sacado de este curso es la necesidad de repensar toda la política de salud laboral respecto del riesgo químico. Y con esto no quiero decir que la reforma deba producirse sólo desde dentro del sindicalismo, sino desde todos los ámbitos.

Se han identificado o constatado numerosas deficiencias en la legislación actual, en particular con los TLV, que deben subsanarse. La doctora Casal indicaba algunos: 

• No todos los trabajos ni todas las personas son iguales, por tanto los límites de protección únicos no pueden funcionar; los niveles de protección se determinan y aplican en función de la exposición individual a una sustancia obviando las posibles reacciones sinérgicas.
• El desfase temporal entre el conocimiento de riesgos y su traslación a la legislación.
• Las dificultades que existen para poner en práctica la normativa.
• La especificidad de algunos problemas como la exposición a agentes mutágenos y cancerígenos para los cuáles no tiene sentido la aplicación de límites rígidos.

A esto hay que añadir las evidencias cada vez más documentadas sobre los efectos de los disruptores endocrinos a niveles a veces por debajo de los límites de detección, tal y como nos presentaron el doctor Myers y el profesor Olea en su intervención.

Por último, pero no por ello menos importante, se ha destacado la especificidad del riesgo químico respecto del género. Ésta no sólo se produce en relación a la discriminación que existe en la orientación, determinación e interpretación de las pruebas toxicológicas, sino que en algunos casos los problemas de género requieren una reflexión más profunda, por ejemplo, en que las mujeres son “portadoras” del riesgo químico y el vehículo para la transmisión transgeneracional con los consecuentes efectos sobre la descendencia. El hecho de que, por ejemplo, las sustancias que actúan como disruptores endocrinos lo hagan a muy bajas dosis y de que su actividad sea especialmente relevante en las primeras semanas de embarazo influyendo decisivamente sobre el embrión, hace que los TLV’s sean insuficiente como protección y que actuar sólo después de conocerse el embarazo sea demasiado tarde. Igualmente es ineficaz la sola prevención posterior al embarazo para muchos disruptores endocrinos que son también contaminantes organopersistentes y se han ido acumulando a lo largo de la vida de la madre. Esta realidad supone la necesidad de cuestionar todas las políticas tradicionales sobre la salud y seguridad de la trabajadora embarazada.

Estas reflexiones sólo son algunas que justifican la necesidad de un cambio profundo en las políticas de protección que incorporen el principio de precaución de una forma operativa y que instrumentalicen la sustitución de sustancias para las cuales no se pueda garantizar la protección total con mecanismos de control. Estos cambios se producirán de forma más eficaz si se hacen a nivel europeo. Debería ser una de las prioridades de la política comunitaria, a realizarse con el correspondiente concurso político, científico, social y ambiental.

Joaquín Nieto
Secretario de Medio Ambiente de CC.OO.