Todos los seres vivos y sus ecosistemas dependen del agua. Es imprescindible para la salud y el bienestar humano. También para la industria, la agricultura y la generación de energía, actividades básicas de las que dependen tantos empleos. Pero es un recurso limitado que puede llegar a ser escaso, pues su disponibilidad depende tanto de factores geográficos y climáticos que determinan una distribución irregular en el tiempo y en el espacio, como de nuestro tipo de desarrollo económico en el que prevalece un uso insostenible de los recursos hídricos, ya que la demanda creciente tiende a superar los recursos disponibles.

El modelo tradicional de gestión del agua está agotado. La crisis de este modelo se debe a su incapacidad para atender la creciente demanda con políticas de oferta a través de grandes obras hidráulicas, como los trasvases y los grandes embalses en zonas habitadas, cuyo efecto será el de seguir incrementando una demanda que cada vez será más difícil de satisfacer. Además, dichas obras no parecen muy racionales económicamente bajo un prisma de coste/beneficio, son difícilmente financiables sólo por el Estado y están siendo muy cuestionadas por amplios sectores técnicos y sociales.

Por eso, dicho modelo está siendo sustituido en algunos países por un nuevo modelo sostenible de gestión de la demanda, basado en el ahorro, el respeto medioambiental, la eficiencia de las redes de distribución y la aplicación de los nuevos avances tecnológicos que permiten la reutilización, la potabilización, la desalación y la adaptación de las infraestructuras existentes.

En este sentido, la Directiva Marco de la Unión Europea tendrá gran influencia ya que establece un marco comunitario de actuaciones. Tendrá repercusiones importantísimas para nosotros pues obliga a rehacer los Planes de Cuenca, readaptar los calendarios y horizontes de los programas y realizar estudios y análisis hasta ahora despreciados.

Hoy aparecen nuevos agentes sociales implicados en la gestión del agua: sindicatos, consumidores, ecologistas..., cuya voz debe ser escuchada; y nuevos sectores económicos interesados, especialmente en la gestión del abastecimiento urbano y en el tratamiento de vertidos tanto urbanos como industriales, cuya realidad debe ser contemplada.

En estos años el gobierno, lejos de reorientarse como prometió en un principio hacia un planteamiento más sostenible, ha mantenido lo más duro y cuestionado del modelo tradicional, las grandes obras hidráulicas, y ha aprovechado la necesidad de cambios en una gestión obsoleta para reducir el papel de las administraciones públicas y abrir nuevas oportunidades de negocio, privatizando áreas de gestión y mercantilizando los recursos hídricos, en beneficio de unos pocos a costa de un bien y de unas inversiones públicas.

El Plan Hidrológico Nacional debería ser un instrumento imprescindible de planificación, coherente con las nuevas directivas comunitarias, ya que es una oportunidad histórica para reorientar la política hidrológica durante el próximo siglo de manera sostenible, de forma que las actividades económicas que hoy emprendemos, y los empleos a ellas asociados, puedan ser también sostenibles y no sucumbir por haber estimulado una demanda hídrica imposible de satisfacer.