Responsabilidad de los productores
Los productores son responsables de los residuos peligrosos que generan e introducen al medio durante todo su ciclo de vida, incluyendo su transporte, tratamiento y depósito final, es decir, hasta que desaparezcan.
En cuanto a la actitud por parte de las empresas hacia normativa medioambiental, partimos de un grado de cumplimiento de la ley muy bajo. La gran mayoría de las empresas ni siquiera realizan la Declaración obligatoria de generación de residuos tóxicos y peligrosos. Esta tendencia de incooperatividad y negligencia por parte de la industria en el Estado español, ha de sufrir un cambio radical, que podría ser provocado con la puesta en marcha del Plan Nacional de Residuos Peligrosos, y articulado a través de los Planes Autonómicos.
Las empresas tienen la obligación de impulsar acciones coherentes con los objetivos del Plan Autonómico de Residuos Peligrosos respectivo, o en su falta del Plan Nacional cuyo primer objetivo es la prevención, seguido de la aplicación de tecnologías de tratamiento que primen la reutilización, el reciclaje y la recuperación, respetando este orden y preferentemente «in situ». El tipo de tratamiento externo de los residuos que genera una industria tras aplicar todas las medidas anteriores, se tratará de aquel tratamiento que suponga el menor impacto sobre el medio ambiente, y conllevará el mínimo transporte de los residuos posible.
Es imprescindible adoptar un principio integrado del sistema de producción, es decir, prevención no significa reducir la cantidad de residuos peligrosos generados trasladando la contaminación a los vertidos, emisiones o al producto. Si las industrias no se responsabilizan de todas las sustancias peligrosas que emiten, serán penalizados como cualquier individuo o entidad que infringe la Ley. Para asegurar que dicha responsabilidad es realmente asumida, resulta imprescindible la existencia de un sistema eficiente de inspección. Esta inspección debe de ser realizada por la administración, pero puede empezar por los propios trabajadores y trabajadoras que deciden que no desean contribuir a un modelo de producción sucio y destructivo.
Responsabilidad de la Administración
La nueva Estrategia Nacional de Residuos Peligrosos indica a través de sus líneas de actuación que la responsabilidad recae, además de sobre productores de residuos peligrosos, sobre las administraciones, la cual se materializará en gran parte con la intervención activa por parte de la Administración Central para impulsar acuerdos entre empresarios y sindicatos.
La Administración Central tiene una importante responsabilidad en cuanto a realizar un seguimiento del cumplimiento de la legislación y de los Planes Estatales sobre política medioambiental.
La propia administración deberá ser coherente con su política medioambiental exterior asumiendo una actitud preventiva en su contratación y gestión interna, es decir, adquiriendo productos reparables, reutilizables, reciclables o de fácil recuperación, y exigiendo de las empresas que contrata unos principios de respeto hacia el medioambiente.
1) Resulta imprescindible antes de hablar de cualquier política de prevención, control, etc., que cada Comunidad Autónoma disponga de un inventario exhaustivo de las emisiones, vertidos y residuos peligrosos que se generan en su territorio, con el fin de conocer la extensión del problema. Esta información deberá estar a disposición de cualquier ciudadano que lo solicite, y constituirá la base para la elaboración del Plan Autonómico de Residuos Peligrosos.
2) Según el PNRP aprobado a principios de este año, cada CC.AA. debería haber aprobado un Plan Autonómico de Residuos Peligrosospara antes de finalizar 1995. En el caso de haberse incumplido dicho plazo, la elaboración del Plan debería tener carácter prioritario dentro de la política medioambiental de la Administración. CC.OO. propone una serie de criterios que deben constituir la base de los Planes Autonómicos, que se adjuntan en la última página de este dossier.
3) Las Administraciones Autonómicas tienen la obligación de garantizar laparticipación de los diferentes colectivos sociales en el asesoramiento y toma de decisiones relativas al medio ambiente, puesto que nos afecta a todos. Para asegurar esta participación, las Comunidades deben crear la infraestructura o mecanismos necesarios, como pueden ser la creación de un consejo de asesoramiento, (parecido a como funciona el C.A.M.A. del MOPTMA) en el que estén representados todos los agentes sociales y económicos, junto con la administración.
4) Las Administraciones Autonómicas deberán establecer los mecanismos para garantizar que en los diferentes sectores, se cumpla la legislación medioambiental (declaraciones anuales, autori zación de generación de residuos peligrosos, etc.). La creación de un verdadero órgano de inspección exclusivamente medioambiental parece inminente.
5) Las Administraciones Autonómicas deberán establecer los instrumentos económico-financieros, fiscales, infraestructurales, etc., para incentivar la producción limpia.
6) La Administración tiene la obligación de facilitar cualquier tipo de información relativa al medio ambiente a cualquier ciudadano que lo solicite, poniendo así en práctica la Directiva 90/313 de Libre Acceso de Información Medioambiental. La transparencia de la información es un derecho democrático, por lo que de ninguna forma se justifica la obstaculización o demora en facilitar lo que se solicita.
7) Las Administraciones deberán crear, o ampliar en el caso de que ya existan, el programa de auditorías medioambientales. La información obtenida de dichas auditorías medioambientales, deberá, a diferencia con lo realizado hasta ahora, procesarse y servir como la base técnica para firmar acuerdos o convenios voluntarios de reducción, promovidos por las Administraciones, y apoyados por incentivos económicos y financieros.
La administración debería a su vez promover la realización de estudios de análisis de ciclo de vida (ACV), que tienen como objetivo encontrar los procesos y productos que se encuentran en mayor equilibrio con el medio ambiente, teniendo en cuenta desde la obtención de las materias primas, todos los flujos que intervienen en su producción, el manejo, el transporte, hasta su disposición final.
8) Conociendo los riesgos para la salud humana y el medio ambiente que conlleva el proceso de incineración, reconociéndose además que existen aún numerosas incertidumbres en relación a la posibilidad de no emitir sustancias tan nocivas como las dioxinas y furanos o en el campo de los efectos a largo plazo de dichas sustancias sobre la salud, las Administraciones Autonómicas deberán adoptar una actitud de precaución y protección de sus ciudadanos y medio ambiente en su ámbito territorial estableciendo una moratoria para todo tipo de incineración.
Responsabilidad de los sindicatos
Los sindicatos también debemos asumir nuestras responsabilidades, ofreciendo a los trabajadores y trabajadoras una formación medioambiental apropiada, y difundiendo toda la información relativa a una producción industrial «más limpia».
La transparencia y difusión de la información permitirá que los sindicatos, respaldados por los trabajadores y trabajadoras, exijan sus derechos medioambientales en las negociaciones colectivas. A su vez, es importante que desde la acción sindical sensibilicemos a los trabajadores y trabajadoras para que éstos, no sólo aseguren el cumplimiento de la legislación medioambiental en sus empresas, sino que promuevan las buenas prácticas y la introducción de tecnologías limpiasque, además del beneficio medioambiental global, suelen implicar un ambiente de trabajo más seguro y saludable.
En el sindicato entendemos que la protección del medio ambiente es una responsabilidad conjunta. Motivamos a la industria y la administración para que se firmen acuerdos y convenios que promuevan tecnologías de «producción limpia», pero creemos que los trabajadores y trabajadoras han de estar implicados tambien en la elaboración y desarrollo de los mismos. Es lógico y necesario que las decisiones que implican a varias partes sean tomadas por todas las partes, es decir, si los acuerdos van a implicar cambios de proceso, de metodología de trabajo, etc., es imprescindible que participen los trabajadores y trabajadoras. Todas las experiencias de producción limpia en otros países demuestran que el éxito sólo se ha logrado con la participación activa de todos los trabajadores y trabajadoras.
La implicación del sindicato en diferentes campañas de prevención, como son la de General Motors en Cádiz, o la de «Subsprint » ya puesta en marcha en el País Valenciá y en Madrid, son ejemplos del potencial que tiene el sindicato para participar activamente y provocar cambios importantes en los modelos de producción. La Confederación Sindical de CC.OO. pretende realizar tareas de incentivación y de coordinación de iniciativas medioambientales emprendidas por las diversas secciones del sindicato. Para desarrollar estas tareas se han editado numerosos materiales, como por ejemplo la «Guía de acción medioambiental en las empresas» o el DAPHNIA.