La empresa en cuestión está ligada a una compañía privada, filial del grupo Sumitomo Metal Mining Co. Ésta se sitúa en una zona urbana densamente poblada, a 110 Km. de Tokio. Ya en 1997, 37 trabajadores de la empresa habían sido irradiados. El primero de octubre de 1999 los hechos fueron aún más trágicos: 3 trabajadores cayeron en estado grave y no pudieron sobrevivir, otros absorbieron dosis que superan el límite anual legal de exposición de 50 mSv y se ignora actualmente la proporción exacta de daños para la población. El personal de los servicios de urgencia (bomberos, enfermería, etc…) no fueron informados del carácter nuclear del accidente ni de las importantes exposiciones a las que se sometían.

Los primeros elementos de la encuesta demuestran que la versión inicial que se dio después del accidente, en la que se decía que fue debido a un error humano, es absurda y cínica. En lugar de seguir un procedimiento mecánico que permita controlar las masas de uranio depositadas en una solución de ácido nítrico, la JCO hacía trabajar a su personal con delantales metálicos, no ofreciendo protección alguna frente al uranio licuado. La cuba de decantación terminó por contener 16 Kg. de uranio (en lugar de un máximo de 2,4 Kg.). Este método de trabajo debía permitir reducir los costes y ganar tiempo. La encuesta ha descubierto que la JCO disponía de dos series de manuales de operación. El primero estaba sometido a inspecciones y se correspondía con las normas públicas, el segundo contenía las consignas realmente dadas a los obreros y primaba la rentabilidad en detrimento de la seguridad. El conjunto de los trabajadores directamente implicados en el accidente no tenían más de dos meses de antigüedad en la empresa. Ninguno había recibido una formación adecuada.

La reivindicación del mundo patronal de conquistar mayores espacios de autorregulación choca con la contradicción entre el beneficio de las empresas privadas y la salud y la seguridad de los trabajadores y del conjunto de la población. Los sucesos de Tokaimura muestran también la inadecuación de los sistemas de inspección y de control que privilegian el examen de la documentación que suministra la empresa, sin verificar las condiciones de trabajo reales. Estos sucesos nos obligan a abrir un debate más general sobre el futuro de la energía nuclear y ponen de manifiesto la importancia de que existan unas normas públicas que sean precisas, que controlen y sancionen de forma eficaz.

Laurent Vogel; Técnico del BTS
Fuente: Dossier del Centro de Información Nuclear de Japón y artículos de Le Monde, Il Manifesto y El Pais.