El Plan Nacional de Residuos Peligrosos (PNRP) fue aprobado por el Gobierno socialista el 17 de febrero de 1995. Pero a pesar de existir varios convenios de colaboración entre el antiguo MOPTMA y algunas Comunidades Autónomas, debido a la escasa dotación económica del Plan, las actuaciones que se han desarrollado del mismo han sido mínimas. Según dicho Plan, la Administración Central asumía el compromiso global de aportación del 25% de las inversiones públicas totales necesarias en cada territorio, con cargo al Presupuesto de la antigua Secretaría de Estado de Medio Ambiente o con cargo a Fondo de Cohesión para inversiones directamente gestionadas por las Comunidades Autónomas. Se había estimado inicialmente unas necesidades totales de inversión pública del orden de 175.000 millones de pesetas en el conjunto del período de vigencia del Plan (1995-2000), que se ajustaría a las prioridades de actuación descritas en el mismo (ver Cuadro 1). Según esta asignación, durante los años 1998, 1999 y 2000 la Administración Central aportaría cada año 8.050 Millones de pesetas. Por otro lado, el reparto territorial de los recursos guardaría relación con la intensidad de los problemas a resolver y con la capacidad de gestión de cada Comunidad Autónoma. En este sentido, las CC.AA. que mayor porcentaje debían recibir serían: Cataluña 24%, País Vasco 15, 8%, Asturias 15,5% y Galicia 14,5%. DOTACIÓN DEL MIMAM El 31 de julio de este año, el Consejo de Ministros aprobó el gasto para la firma de una serie de convenios entre el MIMAM y las CC.AA. para la puesta en marcha del PNRP, que suponen una inversión de 2.364 millones de pesetas hasta el año 2000. Se trata de adendas al Plan, ya que la Ley General Presupuestaria sólo permite comprometer actuaciones con obligaciones económicas por un período máximo de cuatro años. Con la suscripción de estas adendas, el Gobierno asume el compromiso de transferir a cada una de las CC.AA. que tienen establecido el convenio con el Ministerio de Medio Ambiente las cantidades en millones de pesetas que se reflejan el Cuadro 2. VALORACIÓN DE CC.OO. A pesar de que esta asignación presupuestaria viene tarde y resulta claramente insuficiente con respecto a los compromisos del Plan y a las necesidades reales, es bienvenida. Será nuestra función, en la medida en que nos sea posible, velar por que el reparto de cada partida territorial respete la jerarquía del PNRP y se adjudique prioritariamente a iniciativas de reducción en origen. Cada Comunidad Autónoma deberá prever en sus presupuestos la parte restante para completar la inversión y el desarrollo de las actividades. Por otro lado, existe una partida que debe adjudicarse a actividades de Comunicación y de Formación en la que pueden encajar algunas líneas de trabajo que algunas organizaciones sindicales se encuentran realizando y, se considerara interesante solicitar un ayuda económica. Más información: MIMAM
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