La ONG Bakeaz y la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret) inician la serie Nueva cultura del agua para contribuir al necesario debate público sobre el agua. El agua es un derecho indisociable de la salud, el trabajo, la identidad y la cultura de las comunidades. Hoy, con una demanda estable, no hay razón para la Gran Obra que incentiva el consumo en hogares, empresas y campos; es más barato ahorrar agua que crear infraestructuras para explotarla. Pero la administración ignora ese argumento.

El embalse de Itoiz narra la historia de un movimiento cívico que ha resistido veinte años a políticos capaces de falsear procedimientos y manipular al público contra el interés común, que ha bregado con una judicatura que rara vez se pronuncia sobre el fondo de las cosas, y contra una burocracia capaz de instruir expedientes irregulares o mendaces. Su lucha en tribunales y media se describe con honradez, claridad, sencillez y precisión. Pero este libro no es un cantar de gesta, sino una demostración de la insensatez de Itoiz; por eso incluye los argumentos jurídicos que hacen ilegal la obra y un análisis coste-beneficio que muestra su irracionalidad económica. Itoiz se escuda en el Canal de Navarra, una obra que sólo produciría un puñado de regadíos poco o nada rentables en una región donde la CE subvenciona hoy su puesta en barbecho. Su fin real es proporcionar gratis una gran infraestructura hidroeléctrica y posibilitar el Trasvase del Ebro, un asalto al Pirineo injustificable social o económicamente, negociable en el precario equilibrio entre el Estado Central y las autonomías, y cuyo coste es la malversación de dinero público y la agresión al patrimonio natural del país. Sin embargo, Itoiz es importante por algo más que la reputación de unos políticos capaces de cambiar la ley para eludir la sentencia de la Audiencia Nacional que prohíbe el llenado de la presa -y de recurrir luego dos veces esa sentencia. La Audiencia aún duda si pedir a la Coordinadora una fianza de miles de millones antes de paralizar las obras. Si lo hiciera, quien dominase la mayoría parlamentaria podría imponer un proyecto ilegítimo e ilegal con sólo presupuestarlo en una cantidad tal que su paralización exigiera una fianza que ninguna organización popular pudiese pagar, y acabarla mientras se resuelven los recursos ante los tribunales. Está en juego la sustancia del estado de derecho y la viabilidad legal de una oposición popular pacífica.

La nueva cultura del agua en España, de Martínez Gil, aporta aquí una realista declaración de principios que habrían hecho imposible Itoiz. Pronto deberemos generalizar los contadores -también en el campo y las sedes públicas-, sensibilizar a los ciudadanos, mejorar las redes de distribución, instalar tecnologías ahorradoras, hacer que el contaminador pague, fomentar la reutilización y el reciclado, e incluso subvencionar el litro ahorrado y repercutir el coste real del servicio al usuario -arbitrando antes medidas que aseguren la equidad social y la ordenación del territorio- porque no puede administrarse bien lo que se ignora cuánto cuesta. Los embalses existentes, dragados para alargar su vida y mejorar su gestión, tendrán un nivel ajustado al estiaje natural de su río, y convendría importar la figura jurídica del «río escénico», que preserva íntegros los valores ambientales, estéticos, sociales e históricos de los ríos aún no desnaturalizados. El conocimiento técnico disponible permite la transición a otra gestión del agua basada en la eficiencia, el respeto a la naturaleza, la solidaridad, el ahorro, la subsidiariedad estatal y la participación de la sociedad civil. Pero ante todo es necesario que el Estado retome su obligación de conservación y buena gestión del patrimonio ambiental, con especial atención al abandonado dominio público hidráulico.

Juan Manuel Iranzo