Mucho hemos discutido en el sindicato desde que se abrió el debate acerca de las nuevas biotecnologías y, en especial, sobre los alimentos manipulados genéticamente. La Federación se ha implicado siempre en estos debates por el doble aspecto que nos afecta: como consumidores y por el efecto negativo sobre el empleo que pueden generar en nuestro sector.
Frente a la utilización de alimentos procedentes de una agricultura tradicional, una forma de producción que no se basa en la utilización de abonos artificiales, ni pesticidas químico-sintéticos, ni otras prácticas contaminantes o peligrosas para la salud, la gran industria impone unos sistemas de producción que están convirtiendo esta nueva agroquímica en una de las prácticas más contaminantes llevadas a cabo por el ser humano. En todo el mundo las multinacionales están presionando a los agricultores y gobiernos para la sustitución de variedades y especies autóctonas por otras más seleccionadas.
La manipulación genética, como sistema de selección, utiliza técnicas nunca antes experimentadas. Estas técnicas permiten la introducción en los seres vivos de genes, nuevos y ajenos a ellos, con efectos impredecibles sobre la fisiología y bioquímica, no sólo de los organismos manipulados, sino también de todos los que, como el ser humano, entren en contacto con ellos por primera vez en su proceso evolutivo.
Su utilización masiva traerá, con seguridad, nuevos y profundos desequilibrios que afectarán a todas las especies y cuyas consecuencias reales no se conocerán hasta pasados muchos años, aunque hoy ya podemos comprobar la aparición de microorganismos resistentes a los antibióticos o de plantas e insectos resistentes a los herbicidas o plaguicidas que se están utilizando.
Estos procesos obligan a la utilización de una muy alta tecnología y a grandes inversiones en I+D, fuera del alcance de las industrias locales e incluso de muchos países. La exclusiva capacidad de las grandes multinacionales agroquímicas para abordar estas investigaciones les garantiza, a través del uso de las leyes de propiedad intelectual, crear una, cada día mayor, dependencia de los agricultores y de la industria alimentaria.
Esta situación les permite decidir qué y dónde se producirá, con una filosofía puramente economicista y sin otras consideraciones de tipo medioambiental o social en contraposición a la consolidación de una industria local diversificada y más generadora de unos puestos de trabajo de los que estamos tan necesitados.
Jesús López
Responsable de Medio Ambiente y Salud Laboral Federación Estatal de Alimentación de CC.OO.