En Estados Unidos y otros países hay una fuerte presión por parte de la industria para eliminar la legislación y las estructuras administrativas que han existido durante casi treinta años para proteger a la salud laboral y el medio ambiente. Se admite que la legislación ha servido para mejorar las condiciones del trabajo y evitar la contaminación del medio ambiente, pero sólo para insistir a renglón seguido en que ahora hay tanta legislación que inhibe la innovación y la libertad industrial. La propuesta desreguladora consiste en sustituir el sistema actual de legislación por uno de acuerdos voluntarios, incentivos del mercado, y auditorías internas en lugar de un seguimiento por parte de las autoridades.
El resultado de estas presiones en EEUU ha sido un paso hacia atrás en el terreno de la información ciudadana, y posiblemente una reducción en la protección que reciben los trabajadores/as y el medio ambiente. Por ejemplo, 17 estados en EEUU han aprobado legislación de auditoría interna secreta. Según esta normativa, si una empresa se da cuenta de un delito de contaminación ambiental e inicia su reparación, las autoridades no multarán a la empresa y toda información sobre el problema se mantendrá en secreto. Si este delito ha causado algún daño, la información no podrá utilizarse en un juicio. En varios estados y a nivel nacional existen propuestas para aplicar de manera menos estricta la legislación a las empresas que han mostrado un compromiso mayor adoptando la certificación ISO 14000. Estos programas voluntarios han tenido como resultado menos protección y un menor control de aplicación de las normas por parte del gobierno.
Este año, en el estado de Massachusetts la industria química (con ayuda de la Asociación Nacional de Productores de Sustancias Químicas - The Chemical Manufacturers Association) estuvo a punto de conseguir eliminar la legislación sobre reducción del uso de sustancias tóxicas, sustituyéndola por un programa de prevención de la contaminación voluntario con deducciones en los impuestos para las empresas que inviertan en tecnologías más limpias. En años anteriores, la legislación sobre reducción del uso de sustancias tóxicas fue un gran éxito que tuvo como resultado una reducción en el uso de estas sustancias de un 20%, una reducción en residuos de un 30%, y una reducción en emisiones de un 70%, mientras que la industria del estado ahorraba unos 15 millones de dolares. Estas cifras no incluyen los grandes beneficios para la salud laboral o para el medio ambiente, no por difícilmente cuantificables menos reales.
La legislación de Massachusetts ha sido un éxito porque obliga a la industria a pensar en oportunidades para producir sus productos de forma más limpia y más segura. No obliga a la implantación de las tecnologías. Para pensar más profundamente en las alternativas, las empresas tienen que completar un plan de reducción con respecto al uso de sustancias tóxicas, haciendo una contabilidad de materiales y un análisis de alternativas para reducir su uso de sustancias tóxicas. Esta fórmula para llevar a cabo la reducción en uso de sustancias tóxicas es una que se puede adaptar al análisis de oportunidades para remediar cualquier impacto ambiental.
En fin, la presión desreguladora representa un esfuerzo organizado por parte de la industria para reducir los costes de producción y el control del gobierno. Con su enfoque favorable al poder del capital, estas tendencias desreguladoras están obteniendo éxitos que llevan a eliminar las protecciones por las que hemos luchado durante tantos años. Tenemos que seguir pidiendo legislación justa que exija que la industria mida sus impactos ambientales y busque maneras para continuamente reducir estos impactos.
Joel Tickner
Experto en Sustitución de sustancias tóxicas y miembro del Consejo Editorial de Daphnia.
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