Después de la soja transgénica de Monsanto, el segundo cultivo transgénico que está llegando a Europa procedente de EE.UU. es el maíz desarrollado por Novartis (la empresa resultado de la fusión de Ciba-Geigy y Sandoz). Mediante manipulación genética se le han conferido diversas características, como la resistencia al herbicida “Basta” —que produce otra multinacional, Hoechst— y la capacidad de producir la toxina Bt —del Bacillus thuringiensis— para combatir el taladro y otros insectos. Se le ha insertado igualmente un gen marcador de resistencia a un antibiótico (la ampicilina). La Comisión Europea aprobó recientemente la comercialización de este maíz transgénico (Decisión 97/99/CEE).
Pues bien: el Parlamento Europeo, en una importante resolución sobre el maíz modificado genéticamente del 8 de abril de 1997, ha condenado en términos muy duros lo irregular del proceso de aprobación, y la falta de responsabilidad de la Comisión, que “de forma unilateral adoptó la decisión de autorizar la comercialización de maíz OMG, pese a las posiciones negativas de la mayoría de los Estados miembros y del Parlamento Europeo”.
En su Resolución el Parlamento pide que se suspenda la autorización y se reabra el procedimiento de autorización; lamenta “que las consideraciones comerciales hayan dominado hasta ahora de forma tan evidente el proceso de decisión”; lamenta igualmente “que de conformidad con las normas en vigor de la Organización Mundial de Comercio sean los países importadores quienes deban mostrar la nocividad de un producto y no sea el exportador quien deba demostrar su inocuidad, lo que pone de manifiesto que las consideraciones de orden comercial prevalecen en las decisiones que se toman”; pide a la Comisión “que se hagan públicos los análisis científicos completos de los tres comités científicos que han guiado su decisión y los nombres de los expertos consultados”; y “lamenta en especial que la Comisión no haya tenido suficientemente en cuenta el principio de precaución con respecto a la salud de los consumidores, la protección del medio ambiente y las preocupaciones de los productores; lamenta, asimismo, la falta de una información clara y precisa en lo concerniente a las razones por las que la Comisión ha tomado una decisión que tiene tales implicaciones para cada uno de los ciudadanos de la UE”. La Resolución del Parlamento Europeo denuncia, entre otros considerandos, que:
A todas estas preocupaciones, que la C.S. de CC.OO. comparte con los diputados y diputadas del Parlamento Europeo, no han dado respuesta suficiente ni la Comisión Europea ni las autoridades nacionales (pensamos particularmente en el Ministerio de Medio Ambiente y en el de Agricultura, Pesca y Alimentación). Incluso si desde un punto de vista técnico y científico la autorización de la Comisión fuese irreprochable (lo cual está lejos de ser el caso, en nuestra opinión), la resolución del Parlamento Europeo ha creado un hecho político nuevo que sería una gravísima irresponsabilidad pasar por alto, pues ello contribuirá a la deslegitimación de las instituciones políticas europeas y al descrédito de la misma idea de la construcción europea entre los ciudadanos y ciudadanas. La Resolución del Parlamento Europeo fue aprobada prácticamente por unanimidad (407 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones). No representa una opinión marginal o extravagante, sino el juicio de los representantes democráticamente elegidos de los ciudadanos y ciudadanas europeas, emitido después de un prolongado y concienzudo debate sobre una cuestión complicada. Insistimos en la práctica unanimidad de la votación, llamativa por lo extraordinaria: todos los grupos políticos están de acuerdo en solicitar a la Comisión que revise su poco afortunada decisión.
Pese a ello, la Comisión anunció el mismo día 9 de abril que no daría marcha atrás, asumiendo el gravísimo coste de deslegitimación de la democracia representativa y extrañamiento de los ciudadanos y ciudadanas con respecto a la Unión Europea que ello implica. La reciente “crisis de las vacas locas” nos ha proporcionado un ejemplo trágico de los resultados a que conduce privilegiar los intereses económicos de minorías poderosas frente a los intereses de salud, bienestar y protección del medio ambiente de todos los ciudadanos y ciudadanas.
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Jorge Riechmann
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