En Francia se ha desarrollado durante los pasados meses de diciembre y enero un intenso debate público, que ha repercutido en toda Europa, sobre la contaminación nuclear, a raiz de los estudios epidemiológicos que detectaron un índice de leucemia infantil muy elevado en los alrededores de un complejo nuclear. Sobre esta cuestión publicamos un artículo que nos ha enviado Pierre Rousset, periodista francés. Dos investigadores, los doctores Viel y Pobel, han publicado recientemente en la revista médica británica British Medical Journal, un artículo que ha vuelto a poner de actualidad la antigua polémica sobre la peligrosidad del complejo nuclear de La Hague, situado al norte de la península de Cotentin en el departamento francés de La Manche. En esta ocasión el objeto del debate es el centro de tratamiento de residuos nucleares. El origen del estudio es un riesgo de leucemia anormalmente elevado en los niños de los alrededores del complejo. En el origen de la polémica, las conclusiones provisionales de los dos investigadores: “hay signos convincentes de relación causal entre la exposición a radiaciones y las actividades de ocio en las playas” de la región (diario Libération, 10 de enero de 1997). El centro de tratamiento de residuos nucleares habría provocado una contaminación de las aguas marinas, las cuales habrían afectado a los niños que frecuentan estas costas y que comen moluscos. PIERRE ROUSSET
La contrarréplica, evidentemente, no se ha hecho esperar. Los doctores Bard, del Instituto de Protección y Seguridad Nuclear (IPSN), y Jacqueline Clavel, del Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica (INSERM), han declarado que el estudio en cuestión no había sido realizado de manera muy rigurosa para justificar las conclusiones expuestas. La cuestión es sin embargo grave. Otras encuestas médicas realizadas anteriormente en Gran Bretaña, en los alrededores de Sellafield y Dounray, han alimentado hipótesis similares a las de los doctores Viel y Pobel. En cuanto al complejo nuclear de Nord-Contentin, en más de una ocasión se le han detectado fallos. Una encuesta de la Crii-Rad a demostrado que en La Hague la contaminación radioactiva había superado lo oficialmente admitido. Otro laboratorio independiente, el Acro, ha desvelado que el centro de almacenamiento de residuos nucleares de La Manche (CSM) contiene materiales prohibidos, con una duración de vida muy prolongada, e incluso que su estanqueidad era muy imperfecta.
Sin comprometerse sobre el fondo, Corinne Lepage, Ministra de Medio Ambiente, ha anunciado que impulsará estudios complementarios. Pero, ¿con qué medios? El Gobierno, del que es miembro, ha mostrado en más de una ocasión que en cuestiones de salud y ecología da prioridad a los intereses de los grandes grupos industriales. Ahora bien, el complejo nuclear francés es uno de los más pujantes, si no el más, de estos lobbies. Abarca, entre otros, a la dirección de EDF, al Comisariado de la Energía Atómica (CEA, una institución civilmilitar) y COGEMA, la empresa que gestiona el complejo de tratamiento de La Hague. Esta última ha llevado la voz cantante, rechazando de plano (en términos muy violentos) las conclusiones de los dos investigadores: “M. Veil se dedica una vez más a su ejercicio favorito, que consiste en dirigir sobre sí mismo la atención de los medios de comunicación por las conclusiones falsamente alarmistas que extrae de su estudio” (diario Libération, 12 de enero de 1997). Es preciso aclarar, entre tanto, que COGEMA sabe de qué habla: es maestra, con la dirección de EDF, en utilizar a los medios de comunicación para echar por tierra cualquier contestación antinuclear, convirtiendo sus anuncios publicitarios en una empresa orwelliana de lavado de cerebro. Estado dentro del Estado, el complejo nuclear francés no se ha plegado jamás a las reglas de transparencia democrática y científica. No responde a las interrogantes, normalmente fundadas, sino a través de la denuncia o la escusa: el respeto de los “límites autorizados”.
La mentira es triple. El lobbie nuclear francés ha reconocido multiples veces la violación de reglamentos, especialmente en lo relativo al almacenaje de residuos. Los “límites” invocados no son establecidos a partir de criterios de salud, sino en función de imperativos de producción (los conocimientos actuales no permiten, por otra parte, definirlos, pero al menos sí existe un umbral de radioactividad, bajo el cual el peligro sería nulo). Son, de hecho, las empresas como COGEMA las que, más o menos directamente, fijan las normas que ellas mismas estarían obligadas a respetar: ¡nunca se está mejor servido (perdón, controlado) que por uno mismo! Los estudios sobre los efectos de las radiaciones para reducir las dosis han sufrido, en Francia, un enorme retraso. Los laboratorios independientes son, aquí, muy escasos y con pocos medios ya que deben renunciar a lo esencial de los mercados públicos o privados que controlan el complejo nuclear. El artículo de los doctores Viel y Pobel tiene el mérito de forzar un debate sobre una cuestión mayor del medio ambiente y la salud pública. ÁREAS TEMÁTICAS
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