A raíz del Decreto 201/1994 de la Generalitat de Catalunya, regulador de los derribos y otros residuos de la construcción que fija la obligatoriedad del control total del residuo generado, entre otras cosas, por los derribos, y aprovechando la remodelación del barrio de La Pau de Barcelona, la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, opta por hacer una experiencia de desconstrucción sobre una de las torres que se tenía que derribar. Con esta experiencia se pretendía, además del estricto cumplimiento de la normativa medioambiental, obtener todos los datos posibles sobre los rendimientos de mano de obra, transporte y recuperación de dinero por la venta de los diversos elementos integrantes del edificio.
Proceso de desconstrucción
En los trabajos de desmontaje se organizó el trabajo en tres grandes grupos: el de materiales susceptibles de reciclaje, el de materiales que requieren un tratamiento específico y los materiales sin tratamiento específico. A continuación se describen las diferentes categorías.
1. Materiales susceptibles de reciclaje:
2. Materiales que requieren un tratamiento específico
Con el propósito de aislar térmicamente el edificio, se revistieron las fachadas con placas de poliestireno expandido y acabado con estuco de copolímero sintéticos (nylon y fibra de vidrio). La separación tanto del poliestireno del ladrillo como de los copolímeros sintéticos resulta una operación compleja y muy costosa.
3. Materiales de origen pétreo sin tratamiento específico
Estos materiales presentan un problema medioambiental por su enorme volumen y consisten principalmente en hormigón, ladrillos, gres, terrazos, sanitarios, mármoles y piedras naturales, alicatados cerámicos, yesos y rebozados de mortero. Este tipo de residuos puede ser triturado y reutilizado para hacer subbases de carreteras, terraplenes, etc. siempre que se encuentren libres de sustancias contaminantes. Sin embargo, en esta experiencia tanto para los materiales de revestimiento exterior del edificio como los de origen pétreo sin tratamiento específico, se decidió, tras consulta con la Junta de Residuos de la Generalitat de Catalunya, su trituración y vertido posterior al mar. Esta opción ha sido elegida, a pesar de haberse mencionado otras posibilidades de reutilización en construcciones marítimas, subbases de carreteras, terraplenes, etc. o incluso de vertido controlado, por no valorarse suficientemente el impacto medioambiental a corto, medio y largo plazo que el vertido de estos residuos pueda representar en el medio marino.
Los posibles daños ecológicos sólo pueden determinarse a partir de un estudio riguroso de la composición de los residuos (pinturas, colas, metales pesados, etc.), su comportamiento en diferentes espacios de tiempo y condiciones del medio, su dispersión y deposición, por destacar algunos factores condicionantes. Esta opción resulta especialmente desaconsejable cuando en el Convenio de Barcelona para la protección del Mediterráneo, particularmente en el Protocolo de Siracusa (Marzo 1996) se dice que las Partes Contratantes (entre ellas el Estado Español) se comprometerán a eliminar la contaminación derivada de fuentes y actividades situadas en tierra, entre las que se especifica cualquier material sólido persistente, fabricado o tratado, por lo que resulta contradictorio que la Generalitat a su vez recomiende el vertido al mar de residuos de construcción y derribo.
Conclusiones
Este caso práctico ha servido para demostrar la viabilidad económica, además de las múltiples ventajas medioambientales, de la desconstrucción de edificios en sustitución de los derribos masivos. A raíz de este estudio también se ha hecho evidente, entre otros aspectos, las múltiples oportunidades de trabajo asociadas a la recuperación y transformación de los residuos de construcción y derribo aunque, por otro lado, el balance económico resultó negativo por dos razones. En primer lugar la imposibilidad de realizar la desconstrucción total del edificio, provocando unos efectos parciales que elevaban notablemente los costes de mano de obra y rebajaban los rendimientos de los operarios.
Otra razón fue una posible duplicidad en las tareas y, dada la morfología del edificio, el exceso de personas en la obra provocaba atrasos especialmente por lo que se refiere a la evacuación de los elementos. Así, la selección, el transporte y la venta de la totalidad de los materiales no pétreos del edificio (6.200 m2 ) se podría evaluar en unos 12 millones de pesetas. Esta cifra representa algo menos de 2.000 pts/m2 adicional al derribo masivo. Este incremento que puede parecer muy alto es relativamente pequeño si lo comparamos con el coste global del derribo, que en este caso sería en torno a 13.500 pts/m2, lo que demuestra que la desconstrucción no es económicamente inviable. De todas maneras, el coste se podría reducir considerablemente en edificios con morfología más simple, de menos altura o con elementos constructivos más accesibles.
El balance medioambiental, sin embargo, ha sido muy positivo, puesto que la separación de los materiales según los diferentes destinos ha resultado ser un éxito absoluto. El resultado de la experiencia fue condicionado por algunos obstáculos como, por ejemplo, la falta de empresas de transformación de ciertos elementos generalmente no biodegradables o la elevada adherencia de algunos materiales que dificultaba su separación para ser reciclados. Por ello, aparece la necesidad de empresas que recuperen materiales a partir de residuos de construcción y derribo pero en estado sucio.
Referencias:
1. «Desconstrucción versus derribo masivo». C. Ramis Llompart. Generalitat de Catalunya. RETEMA. Septiembre octubre 1996.
2. «Reciclado de residuos de construcción y demolición». A Aguilar y G. Monge. RESIDUOS. Marzo-abril 1995.