El espacio medioambiental en Catalunya podemos sintetizarlo en:
1) Tres millones (Mll) de toneladas de residuos industriales declarados voluntariamente por las empresas, un tercio de los cuales son tóxicos y peligrosos (aunque se calcula en un 25% más lo realmente generado).
Casi 1,5 Mll. de toneladas de residuos de la construcción, otros 3 Mll de toneladas de residuos urbanos y la emisión a la atmósfera de un número de Tn. difícilmente evaluable, conforman el preocupante mapa ecológico de Catalunya.
2) Una presión económica ejercida por la “industria verde” de bienes de equipo para la incorporación de instalaciones fijas de final de tubería en empresas o territorios.
3) Una presión administrativa (Consellería de M.A.), con importantes márgenes de condescendencia para con el empresario, que se expresa en 5.000 inspecciones a empresas, varias decenas de millones en sanciones, cierres preventivos de industrias, recursos económicos para la mejora de los procesos, etc., en un intento de aplicar la abundante legislación generada en estos años, enmarcada en las directrices de la UE.
4) Presión activa de las fiscalías de Barcelona, Tarragona y Girona en la persecución del delito ecológico ampliado en el recientemente estrenado Código Penal.
5) La presión social por mejorar la calidad de vida, reconociendo el valor que el entorno tiene en ello.
En este espacio socio-económico pretendemos -modestamente- incidir los sindicalistas de CC.OO., incorporándolo a nuestra estrategia sindical. Somos conscientes de adentrarnos en un espacio nuevo, comprometido y de gran responsabilidad para nuestro sindicato.
Empezando por el cambio “cultural” de los mecanismos laborales de intermediación (inspección, relaciones laborales, etc.), que son sustituidos por otros como: Gobiernos Municipales, Junta de Residuos, Junta de Saneamiento, Guardia Civil, Policía Catalana, Fiscalía Medioambiental, etc., o el presentarnos como parte interesada en cualquier proceso administrativo abierto a empresas o centros de trabajo por delito mediambiental, en los que la viabilidad de la empresa está en juego, y más allá impulsando la cultura de la prevención de residuos, programas de minimización, etc.
Partimos de la concepción de que el “problema” medioambiental tiene su origen en la voluntad de los gobiernos de impulsar modelos económicos, donde beneficio, mercado y competitividad son los protagonistas y las personas el objeto a su servicio. Por ello consideramos el espacio medioambiental un objetivo fundamentalmente económico desde su origen.
La materia prima utilizada, su forma de transporte, el proceso de transformación industrial, la externalización de sus costos, el producto final que se obtiene, su ciclo de vida, sus efectos secundarios (impacto en el territorio), y sus costos en forma de tasas que acabamos pagando los ciudadanos y ciudadanas para atenuar sus efectos y que acaban convirtiéndose culturalmente en un “peaje necesario” por el progreso, es todo un recorrido esencialmente económico e ideológico y como tal debemos afrontarlo CC.OO.
También es económica la adaptación de la industria catalana a la normativa medioambiental de la UE, cuya factura (como no podía ser menos) estamos pagando. Decenas de años de permanente incumplimiento dan como resultado, la necesidad de modificaciones del proceso productivo, es decir, costos (inversiones) en el corto plazo recuperables en el medio y largo. Eso, en el mejor de los casos, pues también vivimos algunos cierres “esperados” por los patronos por la degradación durante años de su entorno, lo obsoleto de su aparato productivo, la incapacidad para superar la presión “psicológica” de su adaptación o sencillamente por encontrar en la presión medioambiental el momento propicio para “abandonar” una actividad que durante años ha externalizado una parte importante de sus costos.
Ser contraparte sindical en este espacio contractual significa “mojarse” en las contradicciones que genera y “mojarse” no puede enterderse como el “instalarse”, sino gobernar los procesos. Para ello se requiere información concreta sectorial, comarcal y de empresas, que debemos reivindicar como derecho e incorporar a nuestras propuestas medioambientales como parte del conflicto.
Más información:
Mariano Aragón Pascual
Sec. Política Sectorial y Medio Ambiente de la CONC
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