El coste de la electricidad: las primas a las renovables no son el problema
Carlos Martínez
Desde hace varios meses hay un importante debate social sobre los precios de la electricidad, y no es para menos ya que estos se han incrementado notablemente en los últimos años: un 63% entre 2008 y 2013. Un discurso ideológico neoliberal que pretende soslayar los problemas medioambientales a los que se enfrenta el planeta y favorecer el oligopolio de unas cuantas grandes empresas ha conseguido implantar en la opinión pública la idea de que las primas a las energías renovables son las responsables de ese encarecimiento.
En este artículo demostramos cómo se esconden otras subvenciones que encarecen la energía y cómo nuestro sistema de formación de precios permite que las grandes eléctricas españolas ganen, de media, el triple que sus homólogas europeas. Cercenar el desarrollo de las renovables en España no solucionará el problema del precio de la energía en España y agravará el problema medioambiental.
El elevado precio de la electricidad en España, una de las tres más caras de Europa, constituye un creciente problema para la mayor parte de las empresas cuyos costes de producción se disparan y para muchos sectores sociales empobrecidos. La situación de pobreza energética de la ciudadanía se produce porque al mismo tiempo que están subiendo los precios de la energía están disminuyendo los ingresos familiares como consecuencia del desempleo y la bajada de salarios. A ello se añade la situación de escasa calidad de muchas de las viviendas en cuanto a su eficiencia energética. El resultado es que una parte importante de la población, se calcula que al menos 1,2 millones de hogares, no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada con el consiguiente efecto de empeoramiento de la salud o de la higiene o directamente que no puede pagar el recibo y ven cómo las compañías eléctrictas les cortan el suministro del servicio.
Se ha achacado el elevado precio de la electricidad al déficit de tarifa, esto es a la diferencia entre los ingresos de las eléctricas y los costes reconocidos por la regulación para el suministro de la electricidad. Este déficit, que acumula ya 30.000 millones y que se empezó a generar pocos años después de que en 1998 se implantara el “mercado libre” de la electricidad, es sin duda ahora un importante problema que hay que solucionar, pero las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno han sido meros parches que no han solucionado la situación porque no han ido al fondo del problema.
Una de las medidas para abaratar el precio de la luz ha sido suprimir las subastas CESUR, que fijaban trimestralmente la parte variable del recibo, y sustituirlas por el precio medio del kwh en el mercado durante el período de facturación, normalmente mensual. Así se determinará ahora una parte del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) que es como se denomina ahora a la Tarifa de Último Recurso (TUR). Este cambio se calcula que puede suponer un ahorro de unos 1.000 millones para el conjunto de la factura del sistema eléctrico pero no va a ser muy significativo para el consumidor.
Otro cambio que ha realizado el Gobierno ha sido el de incrementar al 60% la parte fija de los peajes de acceso, que depende de la potencia contratada, y disminuir la parte variable, que depende del consumo, a un 40%. Hace un año la relación era de un 35% - 65% a favor de la parte variable. Esto va a suponer que pagarán menos los que más consumen y que se desincentivará el ahorro de energía en los hogares y en las empresas.
Pero el grupo de medidas más sustancial que ha puesto en marcha el Gobierno para acabar con el déficit de tarifa (4.098 millones en 2013) ha sido la de reducir drásticamente y con carácter retroactivo las retribuciones comprometidas a la producción renovable y eliminar cualquier tipo de apoyo para nuevas instalaciones de este tipo.
Han sido muchas las medidas regulatorias que han cercenado al sector de las energías renovables y ocasionado cierre de empresas y pérdidas de empleo sobre todo en industria de fabricación y en empresas de construcción de plantas. Pero las más importantes han sido tres: la supresión total de los incentivos para nuevas instalaciones a partir del RDL 1/2012, la reforma fiscal de diciembre de 2012 que introduce nuevos impuestos a la generación de electricidad incluida la de fuentes renovables y la modificación del sistema de retribución para las instalaciones existentes a partir de la ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector eléctrico, que reduce dichas retribuciones aún más de lo que ya habían disminuido con otras medidas del anterior gobierno. Este último cambio regulatorio puede significar la paralización de la actividad o incluso el cierre definitivo sobre todo de plantas de biomasa, de biogas de purines o de cogeneración.
¿Resolverá este conjunto de medidas el problema del déficit de tarifa? ¿está atacando el ministro Soria el problema de fondo del déficit?
El Gobierno y las grandes eléctricas llevan tiempo acusando a las renovables de ser las causantes del déficit al sobrecargar los peajes de acceso con el elevado coste de las primas a su producción. Y esos costes efectivamente son elevados pero ¿cuánto suponen respecto del total de los costes establecidos y qué beneficios producen? Y sobre todo ¿qué otras tecnologías perciben ayudas o subvenciones que también se cargan al sistema eléctrico y quiénes se benefician de ello?
El coste de las primas a las renovables ha sido de 6.300 millones en 2013. Esta cifra representa el 15% del coste del sistema eléctrico. Hay que tener en cuenta además el efecto beneficioso que produce la entrada de electricidad renovable en el mercado mayorista diario que, al desplazar la entrada en producción de tecnologías más caras (gas), reduce considerablemente los precios de dicho mercado. La asociación de renovables APPA estimó que entre 2005 y 2012 el coste de las primas fue de 26.900 millones pero los ahorros que provocó su entrada en el mercado fueron de 32.500 millones.
Sólo se habla de la prima a las renovables pero ¿qué otros costes o subvenciones se incluyen con cargo a la tarifa? En primer lugar los derivados del transporte, distribución y comercialización de la electricidad (casi el 20% del total) que va a parar mayoritariamente a las grandes compañías que forman el llamado oligopolio eléctrico. Pero hay muchas otras ayudas cuya cuantía ha ido variando en el tiempo, que siguen teniendo un coste importante y otras, como los Costes de Transición a la Competencia (CTC), que en el pasado han contribuido notablemente a incrementar el acumulado del déficit. Veamos algunas de ellas:
- Los pagos por capacidad que se dividen en incentivos a la inversión de las plantas construidas de gas natural (unos 800 millones en 2013) y en incentivos a la disponibilidad dirigidos a las plantas de carbón, gas o gran hidráulica.
- La compensación extrapeninsular que es la ayuda a las eléctricas (fundamentalmente a ENDESA) por el sobrecoste que tiene la producción en sus plantas térmicas de Canarias y Baleares (1.800 mill, previstos para 2014).
- El servicio a la interrumpibilidad que se paga a determinadas industrias (145) grandes consumidoras de electricidad por la posibilidad de que se les tenga que interrumpir el suministro para estabilizar el sistema, situación que no se produce desde hace muchos años y que resulta una subvención encubierta (750 mill).
- La moratoria nuclear, es decir la compensación por la cancelación en 1991 de la construcción de varios reactores nucleares. Ya se han pagado 3.500 millones a ENDESA, Iberdrola y Unión Fenosa. En 2013 supuso 75,5 millones.
Sin embargo uno de los elementos clave que podría reducir el déficit de tarifa y abaratar el recibo para los consumidores es la modificación del sistema de formación de los precios de la electricidad en el mercado diario, que retribuye según el precio más alto que ha ofertado la última instalación que ha entrado en mercado marginal con independencia de sus costes. Esto significa que se paga por igual a todas las instalaciones productoras cuando algunas tienen, como la gran hidráulica o la nuclear, unos gastos de operación muy bajos. Los sobrebeneficios de estas dos tecnologías se han calculado en unos 2.000 millones anuales. El resultado es que las grandes eléctricas tienen, a pesar de la crisis, unos beneficios netos extraordinarios. Tan sobredimensionados que se ha calculado que resultan de media el triple que el de otras eléctricas europeas.
La determinación del nuevo sistema de fijación de precios debe ser trasparente y equilibrado con respecto a los costes de operación y a las externalidades de cada tecnología y, por tanto, debería ir precedido por una auditoria pública sobre la composición del déficit histórico y de los costes actuales de generación y distribución, replanteando el sentido o la cuantía de algunos de los peajes a los que nos hemos referido. Alguno de esos costes podrían también financiarse a través de otros mecanismos presupuestarios o fiscales y no necesariamente a través de la factura eléctrica que pagan los consumidores y las empresas. Lo que es evidente es que cercenar el desarrollo de las renovables en España no solucionará el problema del precio de la energía en España y agravará el problema medioambiental, aunque algunos, interesadamente, afirmen lo contrario y desgraciadamente una parte les crea.
Carlos Martínez, Secretaría de Salud laboral y Medio Ambiente de CCOO