España debe ratificar el Convenio de Minamata cuanto antes
Sara Pérez
En Octubre de 2013 ha sido firmado en Minamata (Japón) el Convenio mundial sobre el mercurio. Se trata de un tratado mundial y jurídicamente vinculante que se negoció en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El objetivo de este convenio es reducir el suministro y comercio de mercurio, eliminar o reducir ciertos productos y procesos que usan mercurio y controlar las emisiones y liberaciones de mercurio. Fue firmado por 91 países, entre ellos España y posteriormente debe ser ratificado por 50 países para entrar en vigor.
El mercurio es un elemento muy tóxico: afecta al desarrollo cerebral, produce daños neurológicos, es tóxico para la reproducción, disruptor endocrino y persistente en el medio ambiente. Es especialmente peligroso para las mujeres embarazadas y bebés. Su peligro aumenta al ser un elemento volátil que puede desplazarse a grandes distancias y tiene capacidad de acumularse en organismos y concentrarse en las cadenas tróficas, especialmente en la cadena alimentaria acuática, esto hace que muchos peces de consumo habitual, como el atún o el pez espada, contengan cantidades de mercurio peligrosas para la salud humana. Según un informe del Instituto de Salud Carlos III, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor contaminación de mercurio en el pescado. La población española tiene 10 veces más de mercurio en sangre que la de países como Alemania, Estados Unidos o Canadá.
Debido a su peligrosidad, la Comisión Europea aconseja que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y los bebés limiten el consumo de estos pescados. Sin embargo, como siempre hemos defendido, la mejor forma de proteger la salud de la población en general, así como de los trabajadores en particular y el medio ambiente es mediante la eliminación o sustitución de las sustancias peligrosas, en este caso el mercurio, aplicando siempre el principio de precaución. En este sentido el Convenio establece una serie de medidas para la prohibición del uso del mercurio en productos y en procesos de fabricación, y la reducción de emisiones en ciertas instalaciones.
A partir del año 2020 se prohíbe la producción, importación y exportación de una serie de productos con mercurio añadido, en los que existen alternativas sin mercurio: baterías, interruptores y relés, algunas lámparas fluorescentes compactas, mercurio en lámparas fluorescentes de cátodo frío y lámparas fluorescentes de electrodo externo, jabones y cosméticos, y artículos médicos como termómetros y tensiómetros.
Se establecen además, medidas de control en los procesos de fabricación en los que se utiliza mercurio o compuestos de mercurio, como la producción de cloro-álcali, o la producción de acetaldehído, en los cuales no se permitirá el uso de mercurio después de la fecha de eliminación en 2025 y 2018, respectivamente. Para otros procesos, como la producción de monómeros de cloruro de vinilo, se tomarán medidas para restringir el uso de mercurio.
Aproximadamente, la mitad de las emisiones antropogénicas de mercurio provienen de la quema de carbón y la producción de metales y de cemento, de acuerdo con el PNUMA, por ello, uno de los objetivos clave del Convenio es mejorar el control de las liberaciones que se producen con los usos industriales
Este tratado es el primer convenio mundial de protección de la salud y el medio ambiente que se aprueba en casi una década. En un momento en el que los procesos multilaterales están fracasando en ámbitos como la lucha al cambio climático, este convenio da un pequeño impulso a la cooperación intergubernamental en el ámbito del medio ambiente.
El gobierno español debe ratificar el Convenio para que pueda entrar en vigor en nuestro país lo antes posible.
Además se deben tomar medidas para reducir y cuando sea posible eliminar los usos y liberaciones de mercurio, protegiendo así la salud de la población y la contaminación ambiental, como desarrollar marcos jurídicos y normativos, preparar planes nacionales para la eliminación del mercurio, seguimientos biológicos, y campañas de salud pública para informar y sensibilizar a la población.
Sara Pérez, ISTAS