Los montes: ¿en el punto de mira?
Francisco J. Cabezos
No ganamos para sustos y cada día tenemos que montar las barricadas para hacerle frente a nuevas amenazas en el ámbito social, económico y también en el ambiental. Sobre éste último, que está interrelacionado con los otros dos, hemos procedido a realizar una faja cortafuegos para evitar que incendios provocados por decisiones políticas entren en nuestros montes y terrenos forestales y los pongan en riesgo. El liberalismo unido a cierta dosis de especulación codiciosa, puede poner en un brete los frágiles equilibrios naturales.
Hace escasamente un año, la comunidad de Castilla-La Mancha, planteó una tentativa de desamortizar los montes públicos para cederlos a manos privadas. Parece que desde esa comunidad autónoma no conocen la historia reciente de este país, en concreto lo referido a las desamortizaciones de Madoz puestas en marcha a finales del siglo XIX (también tuvo un papel destacado su compañero Mendizábal, éste más en la vía eclesiástica) donde los montes públicos, vecinales, etc., fueron demonizados argumentando que eran inoperantes y que estaban en “manos muertas”. Ante ello se decidió mal venderlos y, a precio de saldo, acabaron en “manos vivas”, manos que pertenecían a algo así como los especuladores de aquella época. El resultado no fue el esperado y no se logró dinamizar la economía local, muy al contrario, generó un importante impacto social y ambiental debido a la tala desproporcionada y roturación sin medida de unos montes que no aceptaban, por cuestiones ambientales, ni lo uno ni lo otro. La iniciativa moderna del Gobierno castellano-manchego, por fortuna y debido la presión social en la que participó activamente CCOO, ha sido frenada por el momento. Lo público es de todos y de todas no de unos pocos.
También por los montes y por los principales espacios naturales de Extremadura hemos visto hace bien poco, marchas en apoyo a los bomberos forestales que realizan su trabajo en situaciones extremadamente difíciles. La situación de Extremadura es similar en otras comunidades autónomas, se precarizan las condiciones de trabajo de quienes tiene que cuidar nuestros espacios forestales y naturales, se recorta en inversiones y en capital humano, y dejamos nuestros montes desprotegidos.
Ahora ya a nivel del Estado, está sobre la mesa la modificación de la ley de Montes que propone el gobierno, y a la que CCOO ha presentado numerosas alegaciones, que pasamos a detallar.
La no gestión y abandono de los montes, unido a los efectos del cambio climático, no hace más que contribuir a que los incendios forestales sean cada vez más graves e incontrolables, lo que conlleva una pérdida doble: por no aprovechar sosteniblemente lo que nos brindan nuestros montes y por los daños y costes que suponen, año tras año, los incendios forestales. Entre las alegaciones que ha presentado CCOO al proyecto de la Ley de Montes está el rechazo a la pretensión de dejar sin efecto la prohibición de cambio de uso durante 30 años de un monte o terreno forestal que haya sido pasto de las llamas. Esta medida nos parece un paso atrás de muy difícil justificación social y ambiental de quien la ha puesto por escrito en un proyecto de ley.
El proyecto de ley confunde la función social con la función ambiental que lleva aparejada beneficio a toda la sociedad. La función social directa es la creación de riqueza a través de los productos forestales y la generación de empleo. En este proyecto, la generación de empleo, ahora más necesaria que nunca, es la gran olvidada.
Entendemos que no resulta comprensible que se pretendan regular temas cinegéticos y piscícolas desde una ley sectorial ajena a estas actividades, como es la ley de Montes. Más si cabe, al tener en cuenta que existe una legislación específica sobre cada una de estas dos materias. Lo que probablemente sea necesario es afrontar la modificación de dos leyes que son pre-constitucionales, como son la de caza y la de pesca y adaptar éstas a los tiempos actuales.
Otro elemento importantísimo para el sindicato es mantener la existencia del Consejo Nacional de Bosques para que este órgano haga seguimiento de la normativa y planificación del sector forestal, por lo que no debe ser eliminado, tal y como se pretende. Participación, ¿les suena?
Se deja a la buena voluntad la declaración de “Montes Protectores”, cuando éstos cumplen un papel importantísimo, por ejemplo, en la regeneración y conservación de los suelos y en la lucha contra la erosión en un país que un tercio de su superficie está en riesgo de sufrir procesos de desertificación. CCOO se muestra partidaria de mantener esta figura tal y como está recogida en la ley, por tener una base específica de conservación y preservación de recursos y bienes y de prevención de riesgos. Sólo se podría plantear prescindir de ella si existiera una estrategia consolidada presupuestariamente en la protección de los montes de la Red Natura 2000 que actualmente no existe.
En relación a la Estadística Forestal Española (art. 28) sería positivo que se incluyeran datos sobre empleo forestal, accidentalidad, altas y bajas en la seguridad social, categorías laborales y evolución salarial y en número de trabajadores, entre otras.
En cuanto a la financiación pública de las actividades forestales, rechazamos la modificación sugerida planteando la siguiente: “Todos los montes, públicos o privados, en los que se haga cualquier aprovechamiento forestal, deberán disponer de un instrumento forestal. Estarán exentos de la obligación establecida en el párrafo anterior los montes de superficie inferior al mínimo que determinarán las comunidades autónomas de acuerdo con las características de su territorio forestal, y que nunca podrá ser superior a 100 hectáreas en montes donde los turnos sean mayores de 20 años y 25 hectáreas en plantaciones con turnos menores de 20 años.”
El proyecto plantea una modificación del artículo 37 que CCOO rechaza. Eliminar la necesidad de autorización para los aprovechamientos maderables o leñosos de turno corto, puede generar daños en la biodiversidad asociada a los aprovechamientos forestales de turno corto, así que defendemos que se mantenga la redacción actual. Para aquellas explotaciones que no tengan instrumento de gestión, la Administración debe supervisarlas más minuciosamente y es necesaria la autorización previa. No se puede facilitar el trámite burocrático al que no tiene instrumento de planificación de su gestión. Además, dentro de la lógica de este Gobierno de dilapidar todo lo que se encuentra en el ámbito de lo público, nos hace suponer que lo que se persigue es reducir la necesidad de empleados públicos en esas funciones administrativas de control.
Realizamos una propuesta de inclusión en el artículo 44, sobre prevención de incendios forestales, para que el apartado 4 recoja a los cuerpos de Agentes Forestales/Medioambientales o cualquier otra denominación de estos funcionarios públicos.
En lo referente a la circulación con vehículos a motor por las pistas forestales, sin ningún tipo de control, o siendo más permisivos, no creemos que redunde en una mejor y mayor gestión de los montes ni que favorezca el esparcimiento y el acercamiento de la ciudadanía a nuestros espacios naturales y/o forestales, por ello entendemos que deben mantenerse restricciones de circulación, salvo en casos puntuales y concretos.
Proponemos incluir en el artículo 55 un nuevo apartado 5º, que asiente alguna de las competencias de los Agentes Forestales cuando desempeñen funciones de policía judicial en sentido genérico, según lo dispuesto en el apartado 6º del art. 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la línea de informar al órgano administrativo del cual dependan de las actuaciones practicadas ante los tribunales, como ya se viene haciendo. Unido a lo anterior se debe eliminar el nuevo párrafo del artículo 58 pues supone un ataque a la condición de policía judicial mencionada de los agentes forestales. Además, con este párrafo, se pretende modificar una Ley Orgánica a través de una Ley ordinaria en lo referido al procedimiento de puesta en conocimiento ante jueces y fiscales de los presuntos ilícitos penales. ¿Filtro administrativo?
CCOO propone introducir un Artículo 62 bis que recoja la creación de un registro estatal de información sobre los aprovechamientos forestales en montes de titularidad pública, abierta en tiempo real a través de una página web, para de este modo acercar la información a la ciudadanía, aumentar el número de licitantes y el mejor conocimiento de los aprovechamientos. Este registro estaría abierto a las titulares privados que voluntariamente lo solicitasen. Transparencia.
En el apartado subvenciones del art. 64 y siguientes, apostamos por una nueva redacción que de prioridad a las actividades vinculadas a la gestión forestal sostenible y a los montes que tengan instrumentos de gestión aprobados. No obteniendo ayudas públicas los solicitantes que no documenten la titularidad del monte objeto de la actividad subvencionada.
Y por último, en relación a la ordenación de montes, con el objetivo de que los montes tengan planes de gestión, planteamos que sean 5 años y no 15 el plazo para que todos los montes dispongan de un instrumento de gestión, pues esto mejora los aprovechamientos, protege el medio ambiente, puede crear empleo y no se asemejaría a lo llevado a cabo con la prórroga de concesiones en la modificada ley de Costas.
A modo de conclusión, podemos decir que nuestro país es líder en desempleo europeo con unas cifras que superan los 5 millones de personas. Tiene, y no aprovecha, una superficie forestal de las mayores de Europa que aumenta año tras año y, a su vez, cuenta con una productividad forestal, por nuestro clima y suelo, de la que no disponen los países tradicionalmente forestales europeos. Miles de pueblos continúan condenados al despoblamiento por falta de actividad económica y de servicios públicos, pese a existir una gran riqueza forestal en sus entornos. La inversión para generar un empleo en el sector forestal es mucho más barata que en otros sectores, como la construcción o las infraestructuras.
Por todo ello se puede mirar a los montes, no como algo a vender y desamortizar para obtener dinero rápido, sino como unos aliados que bien ordenados, con instrumentos de gestión, con una buena regulación, con las políticas adecuadas y con la participación y consenso de la sociedad, contribuyan a buscar soluciones a la verdadera lacra social, el paro.
Francisco J. Cabezos, Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente. FSC-CCOO.