No ganamos para sustos y cada día tenemos que montar las barricadas para hacerle frente a nuevas amenazas en el ámbito social, económico y también en el ambiental. Sobre éste último, que está interrelacionado con los otros dos, hemos procedido a realizar una faja cortafuegos para evitar que incendios provocados por decisiones políticas entren en nuestros montes y terrenos forestales y los pongan en riesgo. El liberalismo unido a cierta dosis de especulación codiciosa, puede poner en un brete los frágiles equilibrios naturales.
Mientras que desde Europa llegan propuestas para avanzar en la gestión de residuos como las relacionadas con un uso eficiente de recursos, la economía circular, el incremento en objetivos de reciclaje o la limitación de la incineración de los residuos que sean reciclables, en nuestro país se están produciendo cambios en la legislación y en las prácticas de gestión que suponen un claro retroceso en la capacidad de control de las administraciones y de la ciudadanía.
Durante algunos años hubo bastante consenso social e institucional sobre la necesidad de caminar hacia un modelo energético basado en fuentes renovables y en ahorro y eficiencia energética. Es incuestionable que estas fuentes de energía evitan emisiones de CO2, generan tejido industrial de elevado nivel tecnológico, crean empleo, reducen las importaciones energéticas y mejoran la balanza de pagos. El actual Gobierno no sólo ha echado el freno sino que está desmontando el camino andado para conseguir un cambio en el modelo energético.
Fátima Aguado es la responsable de la Secretaría Internacional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. Ha vivido desde Europa la puesta en marcha de la Iniciativa Ciudadana “El agua es un derecho público”, impulsada por la Federación Europea de Servicios Públicos (EPSU) y también las enormes presiones de los lobistas del agua para conseguir que se facilite más y más la privatización de estos servicios. Nos traslada su visión de la situación actual en esta entrevista.
Desde el inicio de la crisis económica, el presupuesto que el Estado destina al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) se ha reducido en más de un 65%. A esta drástica reducción de los recursos y la ausencia de participación hay que sumar un proceso de gran trascendencia: la desregulación que están experimentando las cuestiones ambientales mediante la revisión de su normativa de referencia.
CCOO edita un catálogo de buenas prácticas de movilidad sostenible al trabajo. Experiencias de éxito que permiten comprobar cómo es posible caminar hacia un cambio del modelo de mayoritario de acceso al trabajo, con los beneficios globales que ello comporta.
Carlos Martínez
Desde hace varios meses hay un importante debate social sobre los precios de la electricidad, y no es para menos ya que estos se han incrementado notablemente en los últimos años: un 63% entre 2008 y 2013. Un discurso ideológico neoliberal que pretende soslayar los problemas medioambientales a los que se enfrenta el planeta y favorecer el oligopolio de unas cuantas grandes empresas ha conseguido implantar en la opinión pública la idea de que las primas a las energías renovables son las responsables de ese encarecimiento.
Violeta A. Esteban
Un ejemplo de proyectos que contaminan el medio ambiente, ponen en peligro nuestra salud y destruyen empleo para satisfacer la codicia de la economía especulativa
Begoña María Tome-Gil
El descenso de las emisiones de CO2 no ha servido para descarbonizar el modelo productivo español. En virtud de la crisis económica las emisiones de CO2 han descendido desde 2007 de manera notable, pero la ratio que mide las emisiones de gases de efecto invernadero para producir una tonelada de producto, nos indica que la situación ha empeorado: en 2012 emitimos un 4% más de CO2 por tonelada de producto fabricado respecto a 2005. Un dato que no recogen las estadísticas oficiales. Este artículo analiza los resultados del comercio de derechos de emisión y plantea la necesidad de revisar el modelo.
Sara Pérez
En Octubre de 2013 ha sido firmado en Minamata (Japón) el Convenio mundial sobre el mercurio. Se trata de un tratado mundial y jurídicamente vinculante que se negoció en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El objetivo de este convenio es reducir el suministro y comercio de mercurio, eliminar o reducir ciertos productos y procesos que usan mercurio y controlar las emisiones y liberaciones de mercurio. Fue firmado por 91 países, entre ellos España y posteriormente debe ser ratificado por 50 países para entrar en vigor.
Begoña María Tome-Gil
Por primera vez en España un sello oficial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) reconocerá a las empresas que se acojan voluntariamente al cálculo de la huella de carbono, su reducción y compensación mediante absorciones de CO2.
Un curso y dos estudios que demostrarán la capacidad de desarrollo de la economía verde