Fiscalidad ambiental en tiempos de crisis
Abogar por la introducción de medidas de fiscalidad ambiental en un momento como el actual no acostumbra a ser bien recibido, puesto que la aplicación del principio de quien contamina paga se ha querido asociar a una mayor carga impositiva.
Efectivamente, así sería para aquellos actores más contaminantes, que hasta el momento no han asumido los costes ambientales y sociales que ocasionan, pero no tendría por qué ser así, al contrario, para el resto de contribuyentes.
De hecho, el momento presente es una buena oportunidad para la ntroducción de medidas de fiscalidad ambiental. En primer lugar porque hasta el momento los ingresos públicos se han respaldado en exceso en elementos que ahora han dejado de contribuir como lo hacían, especialmente la actividad constructiva, cuya caida ha tenido efecto directo sobre los tributos asociados a ellos (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, tasas urbanísticas, impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, IVA, etc). En segundo lugar porque una reforma fiscal ecológica puede plantearse en términos de neutralidad recaudatoria. Es decir, no se trata de gravar más, sino de gravar diferente: gravar males que se desean desincentivar en vez de gravar bienes o servicios que se desean estimular.
Este enfoque sigue precisamente la Proposición de Ley sobre Fiscalidad Ambiental promovida por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, WWF España, Ecologistas en Acción, Greenpeace y CCOO, registrada el pasado 21 de julio en el Congreso de los Diputados. La proposición persigue gravar en mayor medida las actividades más contaminantes, eliminar los beneficios fiscales ambientalmente injustificables y bonificar las prácticas más sostenibles. El objetivo fundamental es modificar comportamientos de ciudadanos y empresas en el consumo de bienes y servicios, sustituyendo los de mayor impacto ambiental y emisiones de CO2, por otros de menor impacto y más eficientes energéticamente.
Las propuestas se articulan por tres vías: introducir criterios ambientales en los impuestos existentes, crear nuevos impuestos y reformar con criterios ambientales la fiscalidad de las haciendas locales.
Por lo que se refiere a modificaciones en los actuales impuestos estatales, en el impuesto sobre hidrocarburos se propone eliminar la exención de la que goza el carburante de aviación y se busca la convergencia de tipos entre gasóleo y gasolina. También se podría introducir un recargo en función de las emisiones de CO2 asociadas a los distintos carburantes. En el impuesto sobre matriculación de vehículos se sugiere reforzar el vínculo entre el tipo impositivo y las emisiones de CO2 y tomar en consideración otros contaminantes. En el impuesto de sociedades se proponen deducciones para inversiones en ahorro de energía y agua y en gastos para favorecer la movilidad sostenible de los trabajadores. En el IRPF se crearía una deducción por adquisición de abonos de transporte público por parte de los trabajadores, mientras que en el IVA se aplicaría el tipo normal en vez del reducido a la fumigación de plantaciones y al transporte aéreo y se aplicaría el IVA reducido a rehabilitaciones y viviendas protegidas.
Por otro lado, se plantea crear diversos nuevos impuestos ambientales estatales. Se propone un impuesto sobre la energía nuclear y el almacenamiento de residuos radiactivos, cuya recaudación se destinaría en parte a un fondo para el desarrollo alternativo de las zonas donde se ubican las centrales; un impuesto sobre el cambio de uso del suelo, cuya finalidad sería desincentivar la urbanización excesiva gravando las actuaciones de nueva urbanización y favoreciendo un urbanismo compacto; y un impuesto sobre el vertido y la incineración de residuos. Respecto a productos ambientalmente problemáticos se propone gravar las bolsas de plástico de un sólo uso y crear un impuesto sobre sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción.
Por lo que respecta a las haciendas locales, en el IBI se propone modular los tipos en función del certificado energético del edificio y crear un recargo sobre la segunda residencia. El impuesto de circulación se modularía según las emisiones de CO2 y las categorías euro, mientras que en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se diferenciaría entre las que tuvieran lugar en suelo urbano consolidado o edificado y las unifamiliares y se bonificaría el aprovechamiento de aguas grises. En el Impuesto de Actividades Económicas se bonificaría a empresas con transporte colectivo o plan de movilidad, o con sistema de gestión ambiental EMAS. Las tasas de basuras se deberían vincular a la generación real de residuos. Finalmente, se sugiere que los municipios puedan aplicar voluntariamente un impuesto sobre la pernocta en alojamientos turísticos.
La Proposición de Ley no persigue incrementar la recaudación, sino actuar sobre las vías por las que se obtiene, favoreciendo una economía más sostenible. La recaudación aumentaría en algunos casos (hidrocarburos, energía nuclear, vertido e incineración, bolsas de plástico, pernocta, cambio de uso del suelo, etc.), pero disminuiría en otros (impuesto de sociedades, IAE, IRPF, etc.). En otros aspectos, como IVA o impuestos de matriculación y circulación, aumentaría o disminuiría en función del tipo de productos objeto de gravamen.
España es un desierto en lo que a aplicación de la fiscalidad ambiental a escala estatal se refiere, con la única excepción de la reforma introducida en el impuesto sobre matriculación en 2007. Los países europeos más avanzados en materia de políticas medioambientales también lo tienden a ser en materia de fiscalidad ambiental, y haríamos bien en seguir su senda. Algunas comunidades autónomas y ayuntamientos han dado pasos, no así el Gobierno Central.
Toda modificación fiscal requiere cautela, pero la presente situación no puede ser excusa para la inacción. Al contrario, la estructura caduca de algunos aspectos del presente sistema fiscal deben estimular las reformas. No es posible hablar de economía sostenible en el marco de un sistema fiscal que favorece la contaminación, el derroche y, en definitiva, la insostenibilidad.
Ignasi Puig Ventosa
ENT Medio Ambiente y Gestión. ipuig@ent.cat